El Órgano Judicial no podrá aumentar más jueces y tampoco ejecutar obras nuevas este año si no se reponen los Bs 94 millones que se disminuyeron de sus ingresos propios con la implementación de la gratuidad de la justicia y la Ley del Notariado, lo cual ya provocó el cese de al menos 80 funcionarios eventuales a partir de este mes.

En los últimos tres años, desde 2012 a 2015, el Órgano Judicial dejó de percibir más de Bs 94 millones; por la gratuidad de la justicia, casi 60 millones, y por la Ley del notariado, 35 millones, según los datos proporcionados por la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF).

Su director, Roger Palacios, explicó que esos recursos fueron presupuestados para esta gestión en el Órgano Judicial y por Ley tenían que ser desembolsados por la Dirección General del Notariado, pero que a la fecha esto no se concreta debido a una auditoría que se encuentra en la Contraloría General del Estado, y el Notariado alega que mientras no se pronuncie esta instancia no transferirá esos recursos.

Lo más grave, según el funcionario, es que este año no habrá nuevos juzgados y se afectará al plan de inversión pública para la construcción de nuevas casas de justicia.

PLAN DE CONTIGENCIA
El Director de la DGAF señaló que dentro del plan de contingencias para hacer frente a esta situación de reducción presupuestaria, lo primero que se hizo fue cesar al menos a 80 funcionarios a contrato en todas las instituciones, excepto en Derechos Reales, que es la principal fuente de ingresos, las plataformas de atención al usuario externo y de la Gaceta Judicial.

No se descarta la actualización de los aranceles de DDRR que desde hace 20 años se mantiene con los mismos precios de los valorados de Bs 2 que ya no cubren los requerimientos del servicio de internet, redes y otros materiales.

Palacios señaló que la implementación de los nuevos códigos “Morales” y otras normativas recientes fueron financiadas con recursos propios del Órgano Judicial y la cooperación suiza y de Dinamarca.

“El Órgano Judicial con el presupuesto que tiene seguirá funcionando pero no podremos aumentar más juzgados y construir más infraestructura, porque las necesidades crecen y los ingresos disminuyen”, señaló Palacios.

Explicó que para el funcionamiento adecuado del Código Procesal Civil se requieren 34 juzgados más y 27 en materia Familiar, pero no hay recursos. En los últimos tres años se crearon 1.571 ítems con recursos propios.

El Tribunal Agroambiental por la disminución presupuestaria dejará de percibir Bs 1 millón y su presidente, Lucio Fuentes dijo que está a la espera de que el Estado incremente el presupuesto porque de lo contrario tendrán que haber más destituciones de funcionarios y la carga procesal afectará a los litigantes. En el Agroambiental fueron cesadas diez personas.

En el TDJ la situación es similar, su presidente Hugo Córdoba dijo que según la DAF tienen más de 18 millones asignados pero sigue siendo un presupuesto insuficiente. Reveló que en algunos casos los vocales y jueces tienen que sacar de su bolsillo para fotocopias de expedientes, tienen que subir a las salas para fotocopiar expedientes que tiene que remitir ante el juez.

El Órgano Judicial tiene 830 juzgados y tribunales para una población de casi 11 millones de habitantes. Hay un juez por cada 13.235 habitantes.