La Fiscalía General conformó una comisión de fiscales ante la complejidad de la investigación del caso del club nocturno Katanas en la ciudad de La Paz, dijo ayer su titular Ramiro Guerrero, tras conocerse que se involucra a servidores públicos tal como lo denunció la defensa de la hija del propietario del local Noemí Cámara.
Guerrero dijo ayer que la comisión de fiscales está conformada por especialistas en casos de trata y tráfico y legitimación de ganancias ilícitas dada la complejidad de la investigación y solicitó a las otras instancias del Estado actuar en el marco estricto de la ley porque dicho local tenía su licencia de funcionamiento vencida pero seguía atendiendo.
En La Paz, Paola Barriga, abogada de Noemí Cámara, afirmó que dos funcionarios del Gobierno Municipal de La Paz y un ex servidor del Ministerio de Gobierno coadyuvaban al centro nocturno Katanas, para evitar controles y cooperar con el delito de trata.
Dicho club fue clausurado definitivamente la semana pasada y su dueño, Marco Cámara (padre de la denunciante), está con detención preventiva.
Barriga explicó que en los allanamientos al Katanas se halló libros de registro donde figuraban pagos a funcionarios.
El Katanas está investigado por supuestamente albergar a jóvenes extranjeras, quienes eran forzadas a ser damas de compañía.
Desde la Alcaldía paceña se rechazó que funcionarios estén involucrados en el caso.
