Conminan a Defensor a probar uso de armas letales en Panduro

El Comandante General de la Policía, general Rino Salazar, "conminó" ayer al Defensor del Pueblo a presentar pruebas por las acusaciones que hizo en contra de algunos efectivos policiales de haber portado armas de fuego el 25 de agosto día en que se lamentó la muerte del viceministro Rodolfo Illanes y del cooperativista minero Rubén Aparaya. David Tezanos acudió ayer a la Fiscalía para declarar y reiterar su versión sobre la muerte de Illanes.

“El Defensor del Pueblo tendrá que demostrar sus afirmaciones”, manifestó Salazar al referirse al informe que presentó David Tezanos sobre oficiales que habrían portado armas de fuego en enfrentamiento con cooperativistas mineros en agosto pasado.

La semana pasada, Tezanos identificó a siete oficiales, incluido al ex comandante departamental, quienes habrían estado en posesión de armas letales de calibre 9 milímetros.

Ese mismo tipo de proyectil habría causado la muerte del minero Rubén Aparaya en Panduro el 25 de agosto. El coronel Salazar indicó que ya está recibiendo los informes de los oficiales señalados, y que todos afirman no haber portado armas de fuego.

Johan Muñoz, abogado del coronel José Araníbar, se declaró ayer, sorprendido por el informe del Defensor del Pueblo, sobre los hechos de agosto y advirtió que está haciendo un trabajo de "investigación de contrainteligencia' al tener 'testigos ocultos', situación que no le permite la Ley a un Defensor del Pueblo", aseveró Muñoz.

David Tezanos, acudió al llamado de la Fiscalía para declarar por los hechos de violencia que terminaron con la vida del ex viceministro Illanes y de cuatro mineros cooperativistas por heridas de bala. A la par de su ingreso, un grupo de cercanos a la ex autoridad protestaba en puertas del Ministerio Público, criticando su accionar frente a los hechos, debido a que consideran que sólo defiende a los cooperativistas y no ayuda a esclarecer el asesinato del ex funcionario estatal.

La esposa del ex viceministro Rodolfo Illanes, Antonieta Rosario San Martín, informó ayer que pedirá la renuncia del Defensor del Pueblo porque considera que se parcializó con los cooperativistas mineros, pese a que ella también es víctima de los luctuosos hechos de agosto.