Ex líderes y activistas de Sucre, acusados en el caso 24 de Mayo acudirán al Tribunal Supremo de Justicia como última instancia para pedir la revisión de la sentencia en su contra tras conocer que el Tribunal de Apelación en Sucre incrementó la pena de seis a siete años y medio de prisión. Aseguran que la decisión no les sorprendió y reiteran que este fallo confirma la “intromisión política” en este juicio.

El vocal Iván Sandoval, que presidió el Tribunal de Apelación junto a su colega Hugo Córdoba, hizo conocer que modificaron la pena impuesta por el Tribunal de Sentencia de Padilla de seis años de prisión para 12 de los 14 acusados, incrementándola a siete años y medio.

Dijo que el Tribunal de Sentencia de Padilla cometió un error al no haber tomado en cuenta el concurso real de delitos y que incrementa en la mitad de la pena el delito más grave, en este caso el de lesiones graves, que fue sancionado con cinco años de prisión por los jueces de Padilla y sumando la mitad, dos años y medio, alcanza a siete años y medio.

“Correspondiendo entonces modificar el quantum de la pena impuesta en primera instancia de seis años a siete años y seis meses que es lo que corresponde”, aseguró Sandoval.

Respecto a las apelaciones de los acusados que pedían dejar sin efecto la sentencia, Sandoval dijo que se declaró improcedente en algunos casos e inadmisible en otros.

Sandoval recordó que los acusados Jaime Flores Vedia y Juan Carlos Zambrana Daza están condenados a seis años y tres meses de prisión; en cambio para Jaime Barrón, Jhon Cava, Fidel Herrera, Aydeé Nava, Epifania Terrazas, Jamil Pillco, Juan Antonio Jesús Mendoza, Iván Álvaro Ríos y Franz Quispe la pena de reclusión se incrementó a siete años y seis meses.

La defensa de la acusación aseguró que se preveía un fallo en ese sentido, lo que confirma la injerencia política sobre los jueces; lo único que les queda es agotar las instancias judiciales en Bolivia para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, añadió.

“Las autoridades jurisdiccionales no son dueñas de sus decisiones, simplemente acatan órdenes”, señaló Jaime Tapia, abogado de Jaime Barrón.

Tapia dijo que el Tribunal de Apelación, antes de valorar el concurso real de delitos, debía observar las pruebas, la redacción de la acusación y de la sentencia, pero se convirtió en otro acusador.

En la misma línea, el ex dirigente cívivo Jhon Cava dijo que fueron sentenciados sin pruebas y eso demuestra “la mediocridad de profesionales sometidos al poder político que más allá de velar por los intereses de la ciudadanía velan sus intereses”.

El acusado Álvaro Ríos denunció que el vocal Ivan Sandoval, a partir del caso 24 de mayo, estaría incurriendo en un tráfico de intereses personales para asegurarse la Dirección del Notariado Plurinacional dependiente del Ministerio de Justicia. También sostuvo que el vocal Hugo Córdoba, que redactó el fallo, fue recusado por los acusados por su militancia del MAS.

Sandoval negó de manera enfática que estuviera “transando” el fallo con la Dirección del Notariado porque nada tiene que ver lo uno con lo otro y su postulación obedece a una convocatoria nacional y no es una designación directa. No descartó la posibilidad de retirar su postulación.