No restituyen a personas que revelaron corrupción

Varios funcionarios del Órgano Judicial perdieron su fuente laboral tras denunciar hechos de corrupción y no fueron restituidos pese a haber recurrido a la justicia constitucional por vulneración de derechos. Sólo en el Consejo de la Magistratura, se conoce de dos ex funcionarios que denunciaron a un ex técnico de la Unidad de Políticas en Potosí, sentenciado a ocho años de prisión por extorsionar al personal administrativo y jurisdiccional, pero ellos siguen sin trabajo.

Es el caso del ex Técnico de Transparencia del Consejo de la Magistratura en Potosí, Pedro Cayo, de la ex funcionaria Carmen Martínez y otros que se enfrentaron a funcionarios de confianza de altas autoridades nacionales involucradas en supuestos hechos de corrupción y fueron echados.

Según la sentencia que determinó ocho años de prisión contra Félix Córdoba, ex técnico de la Unidad de Políticas de Gestión del Consejo de la Magistratura de Potosí, Cayo y Martínez se constituyeron en testigos de cargo en la denuncia; después de más de tres años el caso terminó con una condena a este ex funcionario que está prófugo y no asumió defensa.

Consultado sobre la situación laboral de estas personas despedidas por denunciar actos de corrupción, el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque anunció que serán restituidos a nuevos cargos luego de que cada caso sea tratado en Sala Plena.

“Se podría designarlos en nuevos cargos, está en análisis en Sala Plena, es discutible si corresponde o no”, agregó Choque.

Ambos ex funcionarios, recurrieron al Ministerio de Trabajo que en septiembre de 2016 dispuso medidas de protección para ambos trabajadores, lo que implica la restitución a su fuente laboral y el pago de salarios adeudados y demás beneficios sociales por ley.

Esta resolución, firmada por el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, no fue cumplida por las autoridades del Consejo de la Magistratura.

Carmen Martínez, en su memorial ante el Ministerio de Trabajo, pidió protección porque después de ocho años de trabajo en el Consejo de la Magistratura de Potosí, fue obligada a tomar sus vacaciones de 41 días en marzo de 2015 y quedó cesada del cargo luego de constituirse en denunciante y testigo de la denuncia del entonces técnico de Transparencia del Consejo de la Magistratura de Potosí, Pedro Cayo, en contra de Félix Córdoba.

Desde entonces, tanto Cayo como Martínez, apelaron ante el mismo Consejo, el Tribunal Constitucional y la misma Fiscalía pidiendo protección, pero ninguna institución les respondió favorablemente, según sus documentos de denuncia.

En el caso de Cayo, los denunciados le iniciaron procesos penales que salieron con rechazo en la Fiscalía.