Suman denuncias contra tribunos en el Legislativo

Suman denuncias contra magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Juan Oswaldo Valencia y Zenón Bacarreza fueron denunciados ante la Asamblea Legislativa por el ex técnico de Transparencia del Consejo de la Magistratura en Potosí, Pedro Cayo, por haber revocado como última instancia, un fallo que ordenaba su restitución inmediata a su cargo y el pago de sus salarios devengados tras ser cesado de funciones por haber denunciado hechos de corrupción en el Consejo de la Magistratura.

Cayo, en su denuncia de 20 de enero ante la presidencia de la Cámara de Diputados, considera que la sentencia firmada por los dos magistrados, vulnera no sólo las garantías constitucionales sino también sus derechos fundamentales violados inicialmente por las autoridades del Consejo de la Magistratura denunciados oportunamente pero que no fueron tutelados.

En su memorial, el denunciante reiteró que algunas autoridades del Consejo de la Magistratura, ahora suspendidas del cargo, en 2015 tomaron represalias en su contra debido a que en su condición de Técnico de Transparencia denunció hechos de corrupción contra un ex servidor público de esta institución en Potosí, Félix Córdoba Lezcano, quien fue acusado en febrero de 2015 y recientemente condenado a ocho años de prisión.

Agrega que desde el momento de la acusación las represalias eran más evidentes y fueron denunciadas ante varias instancias del Estado hasta llegar a la acción de Amparo Constitucional; en primera instancia, un Tribunal de Garantías de Potosí, falló a su favor, dejando sin efecto la cesación a su cargo de Técnico de Transparencia y ordenando su restitución inmediata con el pago sus salarios devengados.

Sin embargo, cinco meses después, un fallo del Tribunal Constitucional, firmado por Valencia y Bacarreza, revocó esa resolución “con argumentos violatorios a sus derechos fundamentales”.

“Era evidente que mi persona fue víctima de vulneración en sus derechos constitucionales en razón de haber denunciado actos de corrupción que implicaba a un ex servidor público allegado al consejero Freddy Sanabria, que después fue presidente del Consejo de la Magistratura”, asegura Cayo.

Los actos de represalia en el ámbito laboral fueron denunciados ante el Ministerio de Trabajo, que emitió una resolución de protección laboral que disponía su reincorporación, misma que fue desobedecida por el Consejo de la Magistratura por lo accionó un amparo constitucional.

En esa instancia, Cayo dice que se vulneraron más aún los principios constitucionales e incurriendo en actos delictivos por parte de los dos magistrados, a raíz de lo cual los denunció por supuesto uso indebido de influencias, prevaricato y falsedad ideológica.

Este diario intentó comunicarse ayer sin éxito.

Valencia tiene dos denuncias en su contra en la Asamblea Legislativa, por hechos supuestamente cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Recientemente, cuatro consejeros de la Magistratura fueron suspendidos de funciones por la supuesta comisión de delitos en la designación de un juez en La Paz; el juicio será el próximo mes en el Senado.