La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó el pedido de detención preventiva solicitado por la Fiscalía General del Estado para el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y le aplicó una fianza de Bs 200 mil, arraigo y deberá presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público en La Paz. Por su parte, los siete imputados deberán presentarse mensualmente en la fiscalía del distrito donde residen respectivamente.
Luego de cuatro meses, ayer por la noche, concluyó la audiencia de medidas cautelares por el caso Formación de Capitales en Áreas Secundarias (FOCAS), donde ocho personas fueron imputadas, entre ellas, el empresario y político, Samuel Doria Medina Auza, por la supuesta comisión de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Durante este tiempo, los abogados de los imputados presentaron varios incidentes que alargaron la audiencia por casi cuatro meses, además de las constantes postergaciones de audiencias.
EL ÚLTIMO DÍA
El viernes, al promediar las 19:00, la presidenta de la Sala Penal del TSJ, Norka Mercado prolongó la lectura de la resolución de la audiencia de medidas cautelares hasta ayer a las 18:00.
La cita recién comenzó a las 18:45, cuando se reinstaló la audiencia de medidas cautelares. Mercado anunció la lectura en extenso de la resolución, tarea que estuvo a cargo de la magistrada Maritza Suntura.
En principio leyó los argumentos expuestos por el Ministerio Público que solicitó la detención preventiva de Doria Medina y medidas sustitutivas para el resto de los imputados.
La dos magistradas, en el análisis de la prueba presentada por la Fiscalía, determinaron que hay suficientes indicios que demuestren la probabilidad de autoría, lo que no acreditaron fueron los riesgos procesales como la obstaculización en la investigación, no sometimiento a la investigación y riesgo de fuga.
En ese sentido, la determinación fue rechazar la solicitud de la Fiscalía de la detención preventiva y aplicar medidas sustitutivas: presentación una vez al mes en el Ministerio Público en La Paz, arraigo y una fianza de Bs 200 mil.
“La Fiscalía intentó acreditar riesgos procesales porque Samuel tendría la facilidad de salir del país, acreditando los 18 viajes que realizó. Además que no tendría trabajo, cuando se demostró que es gerente de la empresa CONVERSA, y que habría amedrentamiento por parte de los adeptos a UN hacia el Ministerio Público, pero las magistradas hicieron una lectura adecuada de las pruebas y se aplicó medidas sustitutivas”, explicó el abogado de Doria Medina, Héctor Tapia.
Mientras que el fiscal superior, Juan Manuel Gutiérrez, manifestó que estudiarán la resolución para que en el plazo previsto se plantee una apelación.
“El Ministerio Publico recibe con tranquilidad (…) porque se ha logrado demostrar la existencia de los delitos imputados, es decir que hay elementos suficientes para afirmar que el señor Samuel Doria Medina, sí ha cometido tres delitos en la suscripción de los contratos a favor de FUNDAPRO y los demás hechos que la Fiscalía incluyó en la imputación formal, las medidas sustitutivas garantizan la presencia del imputado lo que es un logro”, expresó.
El ex presidente Carlos Mesa saludó desde su cuenta de Twitter que el empresario no sea detenido preventivamente en una cárcel como pidió la Fiscalía General del Estado. "Me alegra saber que Samuel Doria Medina, jefe de oposición, seguirá en libertad como no podía ser de otra manera".
Por su parte, Doria Medina agradeció a Dios, a su familia y a quienes le apoyaron y le "dan fuerzas para seguir en esta lucha por Bolivia".
"Las injusticias no deben despertar rencor, ni odio. La Bolivia que viene no se construye con odio, sino con esperanza y con amor a la patria", manifestó en la puerta del TSJ frente a sus adeptos, que ayer continuaron en vigilia. Otro militantes de UN se concentraron en La Paz a la espera del fallo del máximo tribunal de justicia.
MEDIDAS SUSTITUTIVAS
Para los otros imputados, Fernando Illanes de la Riva, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Raúl España Smith, Antonio Céspedes Toro, Domingo Enrique Ipiña Melgar, Jesús Hernán Antelo Laughlin, se determinó aplicar la medida sustitutiva de presentarse la primera semana de cada mes al control biométrico en la Fiscalía de su distrito.
Mientras que Arturo José Beltrán Caballero deberá presentarse la primera semana de cada mes al control biométrico en la Fiscalía de su distrito y arraigo.
Empero, los abogados de los imputados solicitaron una complementación a la determinación para que en algunos casos no asistan al control biométrico y en otros, que se cambie el lugar para ir a la Fiscalía más cercana a su domicilio.
EL CASO
El caso FOCAS recibió financiamiento de Estados Unidos para este proyecto; pero Doria Medina, en su calidad de Ministro de Planeamiento en 1992, había dispuesto que ese dinero pase a la entidad privada llamada Fundación para la Producción (Funda-Pro).
Doria Medina sostiene que no existió daño económico al Estado y que el proceso en su contra es un "juicio político", para acallar su voz y sus actividades políticas como opositor. Uno de sus argumentos es que la acción penal ha prescrito al haber transcurrido 26 años.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa impulsó la denuncia porque presuntamente el opositor en 1992 suscribió un contrato de préstamo de 21 millones de dólares de dinero de FOCAS a favor de Funda-Pro con un interés menor al que pagaba el Estado a sus acreedores.
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