Juana es el nombre ficticio de una mujer que no sólo sufrió violencia física y psicológica en manos de su marido, sino también padece violencia de la institución donde trabaja. En 2016, 3.285 causas de violencia contra la mujer se atendieron en cinco juzgados de Instrucción en lo Penal sólo de Sucre. Esa cifra representa el 30% del total de causas que se ventilaron en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) el año pasado.

“Nos están rebasando y no se puede atender como se debe”, dice la jueza 3° de Instrucción en lo Penal, Ximena Mendizábal.

Juana es madre de dos hijas, una de ellas tiene discapacidad mental. Durante su matrimonio fue víctima de violencia física y psicológica de parte de su esposo, pero nunca lo denunció, hasta que decidió plantear directamente una demanda de divorcio por maltrato.

Mientras el proceso iba adelante, su pareja le pidió que reencaminaran su relación y ella aceptó. Con la confianza ganada, el varón siguió la demanda por edictos sin que ella se diera cuenta hasta que recibió la sorpresa de su vida: estaban divorciados y la sentencia dio la guarda de los hijos al papá por “rebeldía” de la mujer; además, debía abandonar su casa y cumplir con la asistencia familiar para sus hijas.

Pasó un tiempo y el padre dejó a las dos hijas con su madre. Cuesta arriba por la necesidad económica y la atención especializada para su hija, la mamá ingresó a trabajar a una entidad pública de la ciudad, pero ahí no terminaron sus problemas.

La necesidad de tener cerca a su hija de su trabajo para acudir inmediatamente ante cualquier emergencia, la llevó a vivir a corta distancia de su empleo. Con el tiempo, sus salidas de urgencia no fueron entendidas por sus superiores que empezaron a acosarla con sanciones que finalmente derivaron en un cambio de lugar de trabajo. No pueden retirarle porque está protegida por la ley de las personas con discapacidad.

Pese a que la mujer vive con sus dos hijas, está latente una resolución del juez que la obliga a pagar la asistencia familiar que, se teme, puede ser activada en cualquier momento por su ex esposo y mandarla a prisión por “incumplimiento”.

Como este, muchos otros casos de violencia física y psicológica familiar se ventilan en los estrados judiciales del TDJ a tal punto de convertirse en el 30% de la carga procesal del año pasado. En promedio, en 2016 ingresaron nueve causas de denuncias de violencia contra la mujer sólo en Sucre en 2016. Esta carga procesal “nos está rebasando y no se puede atender como se debe”, afirma la Jueza 3° de Instrucción en lo Penal de la Capital.

Lamenta que esto se debe a que el hombre aún considera que la mujer es de su propiedad y que puede hacer con ella lo que quiera. “El varón ejerce la violencia porque se ve natural. ¿Por qué no le pones en su lugar a tu mujer si tú eres el hombre?”, se suele repetir en las familias, sostuvo.

Mendizábal manifiesta que el problema es estructural, de educación y que eso no se solucionará “poniendo castigos y sancionando con penas”.

Afirma que otro aspecto que falla es la prevención y la rehabilitación del agresor. Según la ley, las personas acusadas de ejercer violencia deben someterse a una terapia de eliminación de la ira, pero no hay suficientes servicios para atender esa necesidad que podría cambiar vidas para bien.

Un esfuerzo privado es del centro Juana Azurduy, que no es suficiente por la alta demanda del servicio. El esfuerzo no pasa de atenciones grupales con dos o tres psicólogas, cuando lo ideal sería brindar una atención personalizada, remarca.

VOLVER A CAER

La Jueza cuenta que en los casos de denuncias de violencia contra la mujer, observa que el hombre, cuando está a punto de perder su libertad en una audiencia de medidas cautelares, “inmediatamente demuestra su arrepentimiento”.

“Te pido por favor que nunca más (voy a pegarte), se compromete. Firma el acuerdo hasta lograr que la mujer levante la denuncia”, dice al puntualizar que después “de uno o dos meses vuelve a la carga”.

¿Qué pasó? No se ataca la verdadera causa. No hubo tratamiento psicológico del agresor, insiste.

DENUNCIAS EN CIUDAD Y PROVINCIAS

De acuerdo con los datos estadísticos del TDJ, en la ciudad de Sucre se presentaron 3.285 denuncias de violencia contra la mujer en 2016, mientras que en las provincias del Departamento fueron 1.937. El 52% de la población vive en el área rural y el 48% en el área urbana, según el Censo de población y vivienda de 2012.

La autoridad judicial explica que ese comportamiento se debe a que las mujeres en las provincias tienen mucho más miedo a denunciar, pues “temen a ser mal vistas”. De hecho, afirma que la violencia contra la mujer en los pueblos y comunidades es más acentuada que en las ciudades.

Protocolo busca evitar que jueces estereotipen a la mujer 

El Comité de Género del Órgano Judicial presentó ayer, martes, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que tiene el objetivo de evitar estereotipos contra la mujer en las resoluciones de los jueces.

“Lo principal es que las juezas y jueces en sus argumentaciones y resoluciones eviten todo tipo de discriminación en razón de sexo, sesgo de género”, indicó la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maritza Suntura.

Explicó que con este protocolo pretenden evitar en las resoluciones judiciales criterios discriminatorias, como por ejemplo vincular una violación a la vestimenta de la mujer.

El acto central de presentación se realizó en La Paz. En el mismo, el presidente del TSJ, Pastor Mamani, reiteró que este protocolo busca acabar con los estereotipos que provoquen discriminación de género.

La presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial, Cinthia Armijo, resaltó que el documento incorpora la perspectiva de género para ayudar a las autoridades judiciales a visibilizar las relaciones de poder existentes, fundadas en el sexo, género o preferencia u orientación sexual distinta.

Reportan 20 feminicidios en lo que va del año 

De enero a marzo de este año se registraron 20 feminicidios en el territorio nacional, de acuerdo con un reporte oficial de la Fiscalía General del Estado.

"Los datos oficiales de la Dirección Nacional de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, centralizados en el sistema i4, establecen que de enero de 2017 hasta el 7 de marzo del presente año se registraron 20 casos de feminicidio", detalló en una nota de prensa el fiscal General del Estado Ramiro Guerrero.

La autoridad llamó a las instituciones del país aunar esfuerzos y trabajar de manera conjunta y coordinada en la defensa de los derechos de las mujeres. Consideró preocupante el incremento del índice de violencia hacia la mujer, razón por la cual se debe trabajar en una política criminal que contemple medidas destinadas a la prevención.

Del total de casos, en Chuquisaca se presentaron tres, Tarija dos, Cochabamba tres, Oruro dos, seis en La Paz y cuatro en Santa Cruz. “En enero tenemos registrado siete casos, febrero 12 casos y en lo que va de este mes otro caso más de feminicidio”, detalló.