Porvenir: Pedido de resarcimiento aviva polémica de juristas

El anuncio del pedido de resarcimiento económico para las víctimas del caso Porvenir, provocó ayer un intercambio de insultos entre el abogado defensor de Leopoldo Fernández, Carlo Brito, y la abogada de las víctimas, Mary Carrasco, quien dijo que no se puede identificar a los autores materiales de la muerte de 11 campesinos el 2008 y por eso la acusación es contra todos.

"Reina de la mentira" que hizo un trabajo ineficiente y fracasó en la demanda del caso Porvenir, le dijo Brito a su colega, y Carrasco calificó de "perdedor" al defensor de Fernández.

El viernes, el juez del Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz condenó a 15 años de prisión a Leopoldo Fernández por la muerte de 11 personas en enfrentamientos. El hecho ocurrió en septiembre de 2008.

Según Brito, la abogada Carrasco genera una falsa expectativa a sus defendidos porque no se puede hablar de resarcimiento económico mientras no se ejecute la sentencia del juez, porque aún falta cumplir algunos recursos jurídicos como la apelación, a la cual recurrirá después de que mañana, miércoles, se dé lectura a la sentencia completa.

Brito pidió a Carrasco dejar de mentir y explicar por qué realizó un trabajo ineficiente en la demanda del caso, ya que el juez dio curso sólo a un delito de los cinco acusados.

Por su parte, Carrasco sostuvo que una vez se ejecute la sentencia de Fernández y otros acusados, pedirá un resarcimiento millonario para pagar el daño causado a las víctimas.

Al ser consultada quiénes eran los autores materiales de la muerte de 11 campesinos, la abogada dijo que en una "masacre" la acusación es "en contra de todos" y "no en contra de alguien en especial", porque no hay un francotirador.

"En una masacre no hay un francotirador, no se confunda usted. Este es un hecho de matanza", remarcó.

La abogada insiste en que los hechos delictivos están en torno a las dos zanjas que se cavaron para evitar el paso de campesinos que se dirigían a Cobija. Atribuye las zanjas a Fernández, empero, el acusado culpa al Gobierno de alentar la movilización de campesinos para convulsionar la ciudad.