El juicio oral y contradictorio contra la exgerente de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata, y otros cinco acusados inició este viernes con la lectura de la acusación formal del Ministerio Público por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.
La comisión de fiscales, conformada por Daniel Ayala y Juan Carlos Soria, presentó al Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción la acusación formal contra Zapata, Cristina Choque y Jimmy Morales, estos dos últimos procesados son exfuncionarios de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.
También figuran en el caso Ricardo Alegría y Carlo Marvin Ramírez, ambos socios de Zapata, y Walter Zuleta, uno de los abogados que defendió a la exgerente de CAMC y que fue declarado en rebeldía después de que se dio a la fuga.
"La etapa del juicio oral tiene diferentes fases, una de las fases es la apertura del juicio oral, consecuentemente se dará lectura conforme procedimiento a los pliegos acusatorios a la tesis del Ministerio Público y de las instituciones, cumplido eso recién el Ministerio Público entrará a realizar la fundamentación de hecho y de derecho sobre la tesis que le atribuye a la señora Gabriela Zapata y a los coimputados", indicó Ayala.
De acuerdo a las investigaciones, Choque, que cumplía la función de jefa de Gestión Social, incurrió en los delitos mencionados en grado de autoría, por permitir que Zapata utilizar las oficinas y vehículos de ese despacho para fines ilícitos.
En cambio, Morales fue acusado en grado de autoría por los delitos de asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos al realizar un depósito de 30.000 dólares en la cuenta de Zapata.
Asimismo, el Ministerio Público acusó formalmente a Alegría por los delitos de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, ambos en grado de autoría. Además del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, en grado de complicidad, porque en su condición de servidor público de Gestión Social supuestamente contribuyó a los fines ilícitos de Zapata.
En la acusación formal también figura Ramírez, socio de Zapata, sindicado por los delitos de asociación delictuosa, en grado de autoría, además de uso indebido de bienes y servicios públicos, en grado de complicidad.
Finalmente el Ministerio Público formuló la acusación en rebeldía contra Zuleta por los delitos de asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios, además de contribuciones y ventajas ilegítimas, en grado de complicidad, por concretar la entrega de 50.000 dólares a favor de Zapata por parte de una tercera persona en las oficinas de Gestión Social.
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