Las elecciones judiciales previstas para octubre de este año no serán realizadas con un padrón electoral auditado, admitió ayer la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona. Entretanto el Colegio de Abogados de Chuquisaca cuestionó la transparencia del reglamento de preselección y alertó que el sistema universitario estaría avalando una elección “manipulada” que ya está definida con anticipación.

Uriona señaló que el actual padrón cuenta con las medidas de seguridad para llevar adelante las elecciones judiciales previstas para el próximo 22 de octubre, pero reconoció que de acuerdo con el cronograma de la implementación del proyecto, la Auditoria del Padrón Electoral Biométrico no estará concluida para esa fecha.

"En este sentido la auditoria, entre que verifique y haga recomendaciones, no inviabiliza la consistencia del padrón con el que se cuenta ahora", agregó entrevistada en Radio Compañera.

En Sucre, la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, aseguró que la presencia de ocho delegados del sistema universitario en la comisión de preselección no es una garantía de transparencia ni de eficiencia del proceso porque tendrán una función “decorativa” al haber un candado de seguridad cuya llave estará en manos de la Asamblea Legislativa, porque de todos los postulantes aprobados por departamento en la preselección sólo seis serán elegidos por la mayoría oficialista para ir al proceso eleccionario del 22 de octubre. “Sabemos quiénes van a ser esos seis, afines al Gobierno”, aseguró.

Destacó la posición del rector de la Universidad de San Andrés, Waldo Albarracín, de retirarse del proceso si no se garantiza la vinculatoriedad de las decisiones que adopten en la comisión.

Ante el anuncio de algunos magistrados de volver a postularse a otro Tribunal, Salame opinó que esa situación tampoco puede darse pese a que el reglamento establece la renuncia de los funcionarios públicos postulantes.