Sentencian a una mujer por trata de personas
Las víctimas eran menores de edad que además denunciaron agresiones físicas
IRREGULAR. Cinco menores de edad fueron captados en Tarabuco y trasladados a Argentina a trabajar como vendedores de... Una mujer de 54 años fue sentenciada a 16 años de prisión a cumplirse en la carceleta de Tarabuco al haber sido encontrada culpable de cometer el delito de trata de personas durante los años 2013 y 2014.
Esos años, según la alegación del representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarabuco, Gustavo Eduardo Ugarte, la acusada Julia Arancibia captó a cinco mujeres menores de edad en Tarabuco para llevarlas a trabajar a Buenos Aires (Argentina). Lo hizo con un contrato en el cual se comprometía a pagarles un sueldo mensual de Bs 2.000 por la venta de ropa.
Las víctimas son cinco menores de edad, que presentaron denuncias por separado contra esa mujer en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarabuco, que después se convirtió en parte querellante junto al Ministerio Público.
Estando en Argentina, las menores de edad nunca recibieron el pago prometido, dijo Ugarte, al indicar que las víctimas se convirtieron en testigos principales en el juicio.
En sus declaraciones, las menores de edad también afirmaron haber sufrido explotación laboral: se levantaban a las 5:00 para ir a los puestos de venta donde permanecían hasta las 21:00; una vez que regresaban continuaban trabajando tendiendo gorros hasta la 1:00 de la madrugada.
Pero eso no fue todo, las víctimas manifestaron que además sufrían permanentemente violencia física y psicológica de parte de Julia, quien las golpeaba o les jalaba de sus cabellos. En una ocasión, le rompió un diente a una de las menores de edad de un codazo.
Ayer, viernes, el Tribunal de Sentencia 1° de Padilla declaró a la acusada culpable de haber cometido el delito de trata de personas, por existir suficientes elementos de convicción de la responsabilidad del hecho y la sentenció a cumplir la pena de 16 años de cárcel.
Ugarte dijo que en juicio se demostró que la sentenciada se aprovechó de la vulnerabilidad de las familias pobres para llevarse a las menores de edad. Para ello hizo firmar a los padres documentos de autorización y contratos sin que ellos sepan leer ni escribir.
