Caso taladros: Jueza ordena prisión para la gerente de YPFB
Dentro del mismo caso prestó declaración ayer el funcionario de YPFB Jorge Sosa
DETENIDA. La orden de detención de Carmen Lola Tellería se escuchó en la audiencia. La gerente legal de YPFB Andina, Carmen Lola Tellería Guzmán, fue enviada con detención preventiva al penal paceño de Miraflores por determinación de la jueza cuarto Anticorrupción, Melina Lima, tras ser aprehendida el sábado en la localidad de Yacuiba (Tarija), cuando pretendía fugar del país por el paso fronterizo hacia Pocitos (Argentina), según el Ministerio Público.
La audiencia de medidas cautelares duró tres horas y no se presentó ningún incidente por parte de la defensa para alegar alguna aprehensión irregular contra la imputada.
En la audiencia cautelar se argumentó que hay riesgo de obstaculización del proceso porque la imputada puede modificar, destruir y ocultar elementos de prueba, e incluso la Fiscalía tenía el temor de que la detenida influyera en otros coimputados, peritos o testigos del caso.
Tellería, al igual que los otros seis funcionarios detenidos preventivamente, están acusados por la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
En la audiencia cautelar, Tellería afirmó no ser funcionaria pública, pero reconoció haber participado en la "administración" del proceso de contratación para la compra de tres taladros sin ser parte del Comité de Licitación.
Durante su defensa oral ante la Jueza, dijo que participó de la "administración" del proceso, lo cual no es lo mismo que participar del proceso de contratación como tal, según especifican los reglamentos internos de YPFB.
VICE DE YPFB DECLARA
Mientras tanto, el vicepresidente de Administración y Contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Patricio Sosa Suárez, prestó su declaración informativa en el Ministerio Público, que lo convocó en calidad de investigado, en el caso taladros.
Sosa es uno de los 16 sindicados incluidos en la denuncia del Ministerio de Justicia presentada el pasado mes a la Fiscalía por la presunta irregularidad en la adquisición de tres taladros de la empresa italiana Drillmec Spa.
