Cochabamba: Ex juez va a prisión por prevaricato
La jueza que ordenó la prisión también está denunciada por demorar el caso
PROCESO. La audiencia se desarrolló en un juzgado del Tribunal Departamental de Cochabamba. Un ex juez en Cochabamba está en la cárcel acusado de prevaricato. En mayo fue cesado entre los 88 jueces que tienen procesos en su contra, y desde el viernes en la noche, está con detención preventiva en el penal del municipio de Quillacollo por haber ordenado injustamente el encarcelamiento de una mujer el 18 de octubre del año pasado en una demanda por difamación y calumnias, delito de acción privada que no amerita la cárcel.
El ex juez Eduardo A. L. fue denunciado por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes por haber dispuesto el encarcelamiento de Silvia Antezana en el penal San Sebastián en octubre del año pasado.
El entonces juez ordenó la detención preventiva de Antezana que a su vez fue demandada por difamación y calumnias por el propietario del condominio Plaza Real en Cochabamba, quien habría construido un edificio con más pisos de lo que permitía la norma municipal. “Denunciar ese hecho le costó la prisión”, informó el hijo de la víctima, Gonzalo Paz.
Tras consecutivas suspensiones, en la audiencia cautelar el viernes, la jueza anticorrupción ordenó la detención preventiva de Eduardo A.L.
El familiar explicó que el ex juez dispuso el encarcelamiento de su madre dentro de un proceso de acción privada cuya pena no supera los tres años de cárcel.
“Se presume que el juez tuvo algún acuerdo con la otra parte para amedrentar a mi madre porque dispuso la detención preventiva por un delito cuya pena máxima es de tres años que no amerita cárcel”, aseguró Paz.
DENUNCIA DEMORA
La audiencia cautelar se suspendió en cinco ocasiones y la defensa de la víctima denunció a la jueza anticorrupción Susana Céspedes ante la Sala de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura. Como antecedente presentó documentos de dos procesos disciplinarios por faltas graves que tiene de la jueza, que ameritan la suspensión por un mes de sus funciones sin goce de haberes.
Tras la denuncia, la jueza, en la quinta audiencia cautelar, determinó enviar a prisión al ex juez contra quien se querelló el propio Consejo de la Magistratura y la Fiscalía lo imputó por prevaricato.
