Activan recursos para rehabilitar a los abogados
Un diputado opositor planteó dos acciones de inconstitucionalidad contra tres leyes
RECURSOS. El diputado Oscar Urquizu y el ex constituyente Rubén Darío Cuéllar en el TCP. La oposición quiere abrir el candado legal de tres normas que, según su criterio, restringen los derechos de algunos abogados de postularse a cargos de magistrados, en el marco del proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales del 3 de diciembre.
El diputado Oscar Urquizu (UD) y el ex constituyente Rubén Darío Cuéllar, presentaron ayer un memorial en el TCP demandando la inconstitucionalidad de los artículos 18 y 19 de la Ley 025 y 027, respectivamente, bajo el argumento de que estarían transgrediendo el ejercicio de la libre profesión y la posibilidad de ser elegidos magistrados a los abogados que patrocinaron procesos contra la seguridad del Estado, entrega o enajenación de recursos naturales; señaló que estas disposiciones violan los tratados y acuerdos internacionales.
El ex constituyente Rubén Darío Cuellar hizo referencia al artículo 23 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece como únicas causales de impedimento del ejercicio del derecho político, la edad, profesión, residencia, nacionalidad, capacidades físicas y aptitudes para desempeñar el cargo, pero no el patrocinio de causas supuestamente reñidas con la Ley y que afectan a la integridad del Estado.
La segunda acción de inconstitucionalidad es contra los numerales 10 y 11 del artículo 234 del Código Procesal Penal (CPP), modificado por la Ley 007, que incorporó como riesgos procesales el ser peligro para la víctima y la sociedad, y cualquier otra circunstancia que constituya riesgo de fuga como causales para la detención preventiva de una persona imputada.
Estos artículos van en contra de la presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal y al principio de excepcionalidad de la privación de libertad, explicó Cuéllar, porque –según dijo– se estaría imponiendo una pena anticipada.
“Cuando uno detiene preventivamente a una persona porque considera que es peligroso para la sociedad, le está imponiendo una pena anticipada a la comprobación de su participación en un hecho delictivo”, aseguró Cuéllar.
Manifestó que las nuevas causales impuestas incrementaron el hacinamiento en las cárceles donde hay más de 16.000 detenidos y un 80% con privación preventiva sin saber su situación jurídica.
El diputado Urquizu agregó que hay muchas personas acusadas por la supuesta afectación a la seguridad del Estado, enajenación de recursos naturales y otros, sobre todo políticos que no consiguen abogados que les puedan defender porque podrían ser marginados de por vida de la función de la magistratura.
“Pedimos se declare la inconstitucionalidad de esos artículos que restringen el derecho de participar en igualdad de condiciones de los abogados del país”, enfatizó.
PRESELECCIÓN EN MARCHA
Desde ayer, se reciben las nuevas postulaciones para el TSJ y el TCP. Además, los candidatos que fueron inhabilitados pueden recoger su documentación para volver a presentarla. Entretanto, sigue el proceso de evaluación de méritos de los candidatos al Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.
La diputada opositora Eliane Capobianco afirmó ayer, en Santa Cruz, que la etapa de preselección de candidatos a magistrados, “es un proceso que ha fracasado” y sugirió volver a fojas cero para lanzar otra convocatoria general y con un nuevo reglamento.
