Norma considerará violación actos sexuales no acordados

La legislación penal de Bolivia se plantea la redefinición del concepto de violación al considerar que no sólo es un acto violento, "sino el no consentimiento de la mujer para una relación sexual", afirma la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, en una entrevista con EFE.

"Ha cambiado totalmente la lógica", dice Montaño, y una mujer, sea adulta o menor de edad, ya no va a tener que mostrar marcas de violencia física para justificar que ha sido violada.

Así lo plantea el borrador del Código del Sistema Penal que se debate entre los diputados y cuyo texto es motivo de polémica porque también amplía las causales para el aborto impune.

La violación en esta nueva normativa será castigada con una pena de entre 11 y 20 años de cárcel, pero se considerarán agravantes cuando la víctima sea menor de edad, una persona con discapacidad o esté embarazada o que el violador sea la pareja o el marido.

"Es absolutamente posible que una mujer dentro del matrimonio no esté de acuerdo en un momento 'x' con tener relaciones sexuales con su pareja, y su pareja tiene que tener la capacidad de respetarla y si no la respeta, es violación", justifica la legisladora oficialista.

El proyecto contempla en su artículo 102 que la sentencia pueda llegar en esos casos hasta 30 años, pena máxima en Bolivia.

¿Por qué? "Porque se supone que hay un pacto de convivencia armónica y pacífica entre esas dos personas y por lo tanto es mucho peor todavía la situación de violencia", responde Montaño.

El reto estará en explicarlo a un juez, fiscal o policía y que se deje de "revictimizar" y exigir pruebas de violencia a las mujeres, dice Montaño.

A pesar de que Bolivia cuenta con leyes con protecciones muy amplias para colectivos como mujeres o menores de edad hay muchos cuestionamientos sobre la presencia de la violencia sexual.

Al respecto, Montaño insiste en que la Ley "no es una varita mágica" y es necesario acompañarla con educación "para transformar generacionalmente la manera de pensar la violencia".

Ante esta brecha, la legisladora habla de dos posibles causas: que antes de las leyes no se contabilizaban los feminicidios ni las mujeres tuvieron garantías de protección para hacer denuncias.

"Ante un avance de derechos suele suceder que haya una respuesta de las formas de pensar conservadoras que todavía no se han ajustado a esos avances y muchas veces la manera en la que se manifiestan esas formas de violencia son (con) más violencia", que es lo que algunas teóricas llaman la "teoría de compensación y recuperación".

Acerca del debate sobre las nuevas causales para el aborto, Montaño cree que la polémica se ha "distorsionado mucho".

El proyecto señala nueve causales para permitir el aborto impune, que actualmente está permitido en casos de violación o riesgo de la vida o salud de la madre o el feto.

Una mujer podrá interrumpir un embarazo si no cuenta con recursos económicos suficientes, tiene muchos hijos, es estudiante, su vida corre peligro o se detectan malformaciones fetales incompatibles con la vida, entre otras causas.

Iglesia y médicos resisten al aborto

El artículo del nuevo Código del Sistema Penal sobre el aborto encontró una gran resistencia ya no sólo en la Iglesia sino en algunos Colegios de Médicos.

"Hay una doble moral", señala Montaño, quien habla de un supuesto negocio oculto: hay unos 60.000 abortos clandestinos al año en el país y cada aborto cuesta en torno a 100 dólares, aunque ese costo sube en clínicas privadas y seguras, y baja si se hace en unas condiciones de riesgo que hacen peligrar la mujer.

La parlamentaria reconoce que no se puede obligar a un médico a practicar un aborto pero "la prioridad del sistema público de salud debe ser la atención de las mujeres, no la atención de la objeción de conciencia" que plantean los galenos.

El aborto en Bolivia no puede ser despenalizado en su totalidad debido a límites constitucionales.