Los jueces del país celebran hoy su día en conmemoración al jurisconsulto Pantaleón Dalence, asediados por una coyuntura de cuestionamientos a su labor, denuncias de presiones a su independencia de instancias de Gobierno, del mismo Órgano Judicial y el Ministerio Público, acusaciones de corrupción y despidos sin previa evaluación. Habrá actos de homenaje en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los tribunales departamentales pero no reconocimientos a los juzgadores antiguos.

El TSJ publicó una invitación para el acto de iza de la bandera en homenaje al Juez Boliviano a las 7:30, mientras el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) tiene prevista una sesión de honor a las 17:30.

Bolivia tiene aproximadamente 1.080 jueces para más de 10 millones de habitantes. El magistrado Fidel Tordoya dijo ayer que es insuficiente para atender la mora procesal y reiteró su pedido de que al menos debe duplicarse esta cantidad.

“La justicia no la cambian los magistrados sino el juez que está día a día con los usuarios pero humanamente no puede resolver todas las causas, insto a las autoridades de que dupliquen mínimamente la cantidad”, exhortó.

Desde la Asociación de Magistrados de Chuquisaca (AMACH), su presidenta Janneth Calvo, admitió que hay un desgaste en la credibilidad de la justicia y por ende de los jueces pero reclamó que no hay un acompañamiento de las autoridades nacionales de garantizar la estabilidad laboral y su independencia, “es más, parecen sus verdugos”, enfatizó.

Este año no habrá reconocimientos a los jueces antiguos y de trayectoria porque Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura no quiso remitir una certificación de los jueces por un trámite burocrático.

Esta coyuntura de persecución a jueces y vocales, según el decano en ejercicio de la presidencia del TDJ de Chuquisaca, Iván Sandoval, obedece a un proceso de transformación de la justicia.

Exhortó a sus colegas procurar emitir resoluciones dignas que se defiendan por sí mismas.

La presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Silvia Salame, cuestionó la ruptura del principio de independencia de los jueces que son procesados y sancionados por sus fallos sin previa investigación, y personal no idóneo y capacitado. Esto llevó a renunciar a los jueces de carrera y nombrar a juzgadores provisorios sin previa formación.