El director Nacional de Derechos Reales, Jorge Bohórquez, fue enviado ayer con detención preventiva a la cárcel Palmasola, por decisión del juez tercero de instrucción, Martín Camacho, tras considerar que existen indicios de que incurrió en el delito de concusión, es decir que abusó de su condición, directa o indirectamente, para obtener dinero en beneficio propio o de un tercero.
La pena para este delito son entre tres y ocho años de prisión, según el Código Penal.
Mientras el pleno del Consejo de la Magistratura definirá hoy su destitución del cargo y emitió un instructivo que dispone que se constituya en querellante en el proceso penal que impulsa el Ministerio Público.
“La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en el Juzgado Tercero de Instrucción Penal y Anticorrupción de la ciudad de Santa Cruz, el Ministerio Público fundamentó la imputación y demostró los riesgos procesales”, señaló el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, según un comunicado de la Fiscalía.
Larrea indicó que la comisión de fiscales presentó ante la autoridad jurisdiccional la imputación formal por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo y concusión. Entre los riesgos procesales acreditados figura que Bohórquez tiene la facilidad para movilizarse de un lugar a otro, lo que constituye el peligro de fuga, además que en calidad de funcionario puede obstaculizar la investigación ya que tiene acceso al manejo de la documentación.
LA INVESTIGACIÓN
El viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción interpuso una denuncia el 30 de julio en contra de Jorge Bohórquez y los consejeros Roxana Orellana, Juan Ríos y Osvaldo Patiño, según la Fiscalía. De acuerdo con la relación de los hechos, el proceso de investigación tiene origen a partir de la difusión de una lista de destitución de jueces, la cual fue observada por el Ministerio de Justicia al evidenciar ilegalidades.
Según la denuncia, Jorge Bohórquez, mediante llamadas vía Whatsapp, solicitó pagos para garantizar la estabilidad laboral de los jueces del Órgano Judicial de Santa Cruz para excluirlos de la lista de destitución que sería ejecutada después de las fiestas patrias.
Registrador revela otra denuncia contra los consejeros
Tras la denuncia que el Ministerio de Justicia presentó el lunes en contra de los consejeros Juan Orlando Ríos, Osvaldo Patiño y Roxana Orellana, por presunta extorsión, ayer se conoció otra denuncia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional que no sólo involucra a los tres consejeros, sino también a sus colega Magdalena Alanoca.
En un memorial conocido ayer, el Registrador de Derechos Reales de Cercado (Cochabamba), Reynaldo Cristóbal Amurrio, solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional investigue a los cuatro consejeros por uso indebido de influencias, abuso de autoridad, arbitrariedad, intimación, usurpación de funciones, interferencia y otros.
Amurrio denunció que fue convocado a una reunión con los consejeros en la que pretendieron hacerle reponer una partida de divorcio de hace 30 años de una familia particular que jamás se perdió, se deterioró ni extravió y se encuentra asentada en el libro de Derechos Reales y ante ese supuesto incumplimiento activaron procesos en su contra.
