Tras dos años de juicio oral y más de 12 de investigación, ayer se cerró el largo proceso por la entrega de misiles chinos de propiedad del Ejército boliviano a Estados Unidos. Fueron sentenciados a tres años de prisión el ex ministro de Defensa Gonzalo Méndez (ausente), el ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Marco Antonio Justiniano (ausente), el ex comandante del Ejército Marcelo Antezana y el ex jefe del Estado Mayor Marco Antonio Vásquez.

Junto a ellos, el Tribunal condenó a penas de dos años de prisión a los coroneles David Torricos y Wilber Sánchez, mientras que Víctor Hugo Cuéllar recibió una condena de dos años y medio de prisión.

La justicia absolvió de culpa al ex viceministro Gonzalo Rocabado y al capitán Ernesto Caballero.

Ciro Valdivia Murguía se sometió con anterioridad a un proceso abreviado y fue condenado a dos años de cárcel.

Con estas condenas que no sobrepasan los tres años, ninguno de los acusados entrará a la cárcel; los que recibieron penas de tres años y dos años y medio de cárcel serán beneficiados con la suspensión condicional de las mismas y los que tienen penas de dos años se someterán al perdón judicial.

La Fiscalía no logró su propósito de conseguir una condena de 30 años de cárcel –la máxima en el sistema boliviano– para los diez acusados porque no probó ante el Tribunal de Juicio los delitos de sometimiento total o parcial a potencia extranjera y revelación de secretos. Los magistrados que conformaron el tribunal declararon absueltos de estos delitos a todos los acusados porque los acusadores no sustentaron debidamente esos delitos y el tipo penal exigía un estado de guerra en el país y que los acusados hubieran colaborado con la potencia enemiga en esas circunstancias.

En general, la condena contra los ex jefes militares es por haber ejecutado la orden de entrega de los misiles chinos de propiedad del Ejército a Estados Unidos para su desmantelamiento, omitiendo procedimientos legales, y sin previa autorización de la inspectoría general de las Fuerzas Armadas.

Para los acusados, la sentencia frenó la intención abusiva de la Fiscalía y, aunque no están de acuerdo con la condena, destacaron que la misma les liberó de un peso que afectaba su vida y su familia por una “persecución judicial” constante de varios años en los que su libertad estuvo en riesgo.

El general Marco Antonio Vásquez calificó de injusta la sentencia porque fue condenado por cumplir una orden e incluso perdió su carrera militar, fue separado de la institución sin que fuera probada su culpabilidad y no le queda más que acatar la condena.

Aseguró que cumplió con su deber de ejecutar una orden superior, en la cadena de mando. Y advirtió que con esta sentencia abren la posibilidad de que las órdenes superiores sean deliberadas, se pregunte al superior la razón de las mismas y se rompa la disciplina.

Ariel Coronado, abogado del general Rocabado, expresó su satisfacción por la absolución de su defendido, ante una acusación “abusiva” que pedía 30 años de prisión. Rocabado ya cumple condena de 11 años de prisión por las muertes ocurridas durante las revueltas de Octubre Negro de 2003.

El ex comandante del Ejército Marcelo Antezana confesó que esperaba la absolución, pero reconoció que el Tribunal hizo un buen trabajo al rechazar la solicitud fiscal de una pena máxima.

El presidente del Tribunal de Juicio, Antonio Campero, recordó que el ex ministro de Defensa Gonzalo Méndez y el almirante Marco Antonio Justiniano fueron juzgados en rebeldía porque no se apersonaron al juicio y también fueron sentenciados.

Al final de la audiencia, los acusados anunciaron la presentación de enmiendas y complementaciones a la sentencia, en cambio el fiscal superior José Manuel Gutiérrez dijo escuetamente a algunos medios de comunicación que se encontraban satisfechos con el fallo.

INVESTIGACIÓN A MESA

El presidente Campero informó que en la resolución de sentencia se dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público para que el ex presidente Carlos Mesa, que no estuvo procesado en este caso, sea investigado por la emisión del Decreto Supremo 28168 de levantamiento del secreto del armamento bélico. “Para que se haga la investigación que corresponda”, agregó.

Según la sentencia, tras la derogación del decreto supremo 27329 del 31 de enero de 2004, que resguardaba con carácter de secreto o confidencial la información relacionada con la integridad nacional y sus medios de defensa, no se incorporó una norma que supliera la misma, dejando un vacío legal con el decreto 28168 del 17 de mayo de 2005, de transparencia y publicidad.

La sentencia que tomó dos días para su lectura lleva la firma de los magistrados Antonio Campero, Rómulo Calle, Gonzalo Hurtado –ahora candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional– y Rita Nava, con la disidencia de Fidel Tordoya.