No sólo los funcionarios que hurtaron recursos del estatal Banco Unión deben ir a la cárcel sino los supervisores y las autoridades cuya responsabilidad era el cuidado y seguridad de los recursos depositados en esta entidad bancaria, sostuvo el diputado Javier Zavaleta (MAS).

El legislador reconoce que se detectó muy tarde el desfalco de presuntamente Bs 37 millones, sin embargo "estimó que no sólo van a ir a la cárcel los funcionarios que hurtaron este dinero sino los supervisores y las autoridades que estaban a cargo de cuidar ese dinero".

Pidió a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) realizar la fiscalización del Banco Unión, de no hacerlo le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas y si ninguna de las dos instituciones cumple su labor lo hará la Asamblea Legislativa, advirtió.

Porque de acuerdo a las denuncias del empresariado boliviano la regulación al sistema bancario no se estaría aplicando en su verdadera dimensión al banco estatal "y esto el Ministerio de Economía tiene que investigar".

"No puede ser que el Banco Unión reciba un trato preferencial, ese trato preferencial no es para que funcione mejor sino para que se estén robando la plata. Que el Ministerio haga la investigación, si no lo hace el Ministerio lo vamos a hacer en la Asamblea", advirtió.

Insistió que no sería admisible ni aceptable que la regulación sea fundamentalmente para la banca privada y el Banco Unión que esté exento de las normas que rigen a todo el sistema financiero.

"Fallaron sistema de control y supervisión y se permitió que tanto dinero salga. Va más allá, hay una denuncia concreta que las regulaciones no se están aplicando", reiteró Zavaleta.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Salinas, calificó de "gravísimo" el caso de desfalco millonario perpetrado en el Banco Unión y denunció que la sobrerregulación sólo existe para el sector privado y no así para el sector estatal.

Salinas dijo que los grandes problemas de corrupción se generan en las empresas públicas cuando las normas de sobrerregulación están más destinadas al sector privado y no para quien maneja recursos del Estado.