Las pugnas en el Consejo de la Magistratura desvelan irregularidades que no terminan de resolverse al final de la gestión de las actuales autoridades. La determinación de Sala Plena de revisar el ejercicio de funciones de dos consejeras que habrían hecho renuncia tácita antes de asumir este alto cargo desembocó en denuncias de acoso político, complicidad en designaciones de funcionarios, cobros en Derechos Reales y retrasos a las reuniones de Sala Plena.

La determinación de los consejeros en Sala Plena, con ausencia de Roxana Orellana, de encargar al Presidente, previo informe del área jurídica, definir la suspensión o no de las consejeras provocó que la consejera Magdalena Alanoca denunciara acoso político ante el Defensor del Pueblo y otras instancias protectoras de las mujeres por supuesta intimidación y amedrentamiento.

Informó que la intención de separarlas del Consejo estaba impulsada por los tres consejeros varones porque desvelaron denuncias de retardación en los trámites en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz y El Alto.

Señaló que en una inspección a las oficinas de Derechos Reales de El Alto recibió denuncias de demoras de trámites de más de tres meses y “cuellos de botella” que siguen generando burocracia, por lo que se determinó el inicio de una auditoria jurídica.

En las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz la gente se quejó porque sus documentos están estancados y denunció que algunas personas estarían exigiendo hasta $us 750 para acelerar al trámite.

El presidente Wilber Choque negó las denuncias de acoso político a las consejeras y dijo que sucede todo lo contrario, su colega Alanoca es la que reacciona con violencia en las salas plenas golpeando la mesa; convocó a los periodistas y a las instituciones de defensa de la mujer a participar como veedores en las salas plenas para verificar esta situación.

Denunció que Alanoca normalmente llega tarde a la sesión de Sala Plena y por ello le advirtió con descuentos lo que fue interpretado como una discriminación y maltrato.

Respecto a este conflicto también se pronunció el Comité de Género del Órgano Judicial expresando su preocupación y demandó a sus colegas varones en el Consejo reencausar su accionar y reconducir su conducta a los parámetros y principios del debido proceso, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.