La “revolución de la justicia” no avanzó en los últimos seis años, pese a que el Gobierno asegura que intentó coordinar con las autoridades salientes en lo que va de esta gestión, empero una serie de situaciones, como las denuncias de extorsión en el proceso de designación de jueces en el Consejo de la Magistratura, el fallo con penas mínimas en el caso Misiles en el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros, terminaron de sepultar todas las iniciativas.

Esa es la evaluación del ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, al final de la gestión de los actuales magistrados quienes contrariamente sostienen que demostraron un resultado positivo en estos seis años con la resolución de más de 5.000 causas en cada sala especializada terminando con la mora procesal de la extinta Corte Suprema de Justicia.

Arce dijo que a través de la comisión interogánica creada por la Ley 898 se organizó una serie de actividades que no se lograron cumplir por parte de las autoridades judiciales.

Recordó que la Comisión, determinó que mediante un reglamento se cesa a los jueces y magistrados con procesos, imputaciones, acusaciones y dos procesos ejecutoriados en materia de régimen disciplinario, “pero por irresponsabilidad de los consejeros no fue cumplida como nosotros esperábamos, muchas personas que no deberían irse fueron incluidas en esas listas, pero personas que sí deberían haberse ido no se fueron”; uno de los que debió irse fue el presidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz que tiene procesos pendientes en contra pero fue así.

“Esta situación nos ha decepcionado, también el hecho de que se hayan aprobado listas que circularon para extorsionar a jueces en Santa Cruz, hemos intervenido conjuntamente el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General del Estado y hay una persona detenida con pruebas, tenemos pruebas”, aseguró Arce, quien reiteró que incluso una consejera está involucrada en la denuncia.

También citó la sentencia del caso Misiles Chinos, que en su criterio es un antecedente nefasto de desprotección de los intereses, del patrimonio de los bolivianos y la capacidad bélica. “Respetamos el fallo, pero no lo compartimos”, enfatizó.

La magistrada del TSJ, Maritza Suntura, admitió que por culpa de algunos magistrados están siendo mal vistos por la población y lamentó que no se destaque la resolución de causas sobretodo en este Tribunal, donde sólo la Sala Penal resolvió más de 5.000 causas y dejarán pendientes para los nuevos magistrados unos 165 expedientes.

“Hay algunos magistrados que nos hicieron quedar mal, pero no todos somos así, hay profesionales que vinimos a trabajar para mejorar la justicia”, aseguró.

Algunos consejeros, que prefirieron guardar en anonimato su identidad, señalaron que la creación de las comisiones con la presencia de autoridades de los tres órganos del Estado, se constituyó en una injerencia en la labor de las instituciones del Órgano Judicial y fue esa instancia la que frenó la implementación de algunas iniciativas de mejorar el servicio judicial.

En una entrevista, el magistrado del TSJ, Fidel Tordoya cuestionó la efectividad de las reuniones de las comisiones de implementación de los códigos y de las conclusiones de la cumbre Judicial, porque autoridades judiciales asisten con pasajes pagados una vez por semana pero sin resultados concretos.

 

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