Una centenaria cultura patriarcal todavía vigente en muchos estratos de la sociedad boliviana se constituye en uno de los principales escollos para el avance hacia una administración que garantice el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, según una de las principales conclusiones de un seminario internacional que, sobre este tema, se desarrolló en Sucre.

Personalidades internacionales invitadas al seminario “Dialogando sobre la Justicia en Clave de Género”, organizado por el Comité de Género del Órgano Judicial, coincidieron en señalar el comportamiento patriarcal de la sociedad como uno de los principales obstáculos que se tienen en la administración de justicia, a pesar de los recientes avances logrados en los últimos años.

“Estas denuncias sobre violencia muchas veces se las relativiza y se las considera un hecho privado, los casos de violencia psicológica se minimizan, (y cuando se trata de estos temas) hay excesiva retardación e inclusive se observa invitaciones a que abandonen los casos y hacen que muchas veces deriven en impunidad”, afirma la asesora de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá.

Un análisis sobre la actuación de los operadores de justicia apunta a que una mayoría de ellos hace valoraciones poco suficientes y con frecuencia se pone en duda la palabra de la víctima y se recogen pruebas que luego son evaluadas con subjetivad, remarcó Bayá.

"En nuestro país las sentencias no cuentan con adecuada valoración de pruebas", agrega la analista, al advertir que Bolivia suscribió convenios y tratados internacionales que obligan al cumplimiento de protocolos relativos al resguardo de los derechos de las mujeres en los procesos relacionados con violencia. Estos acuerdos –añadió– también están vigentes para la comunidad LGTB pero ninguno de ellos se cumple plenamente.

Para la presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial, Cinthia Armijo, el reciente seminario tuvo la cualidad de reafirmar la introducción de la perspectiva de género en la administración de justicia, y ponderó en especial la exposición de tres fallos que resultaron ganadores de un concurso.

“En el marco de esta política, que lastimosamente no ha sido implementada como hubiésemos querido, logramos un protocolo para juzgar con perspectiva de género que ayuda a los abogados, a jueces y a fiscales y a todo quien presta un servicio judicial y particularmente en la cadena de atención a las víctimas de violencia”, apuntó Armijo.

La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Norka Mercado, expresó su confianza en que las nuevas autoridades del Órgano Judicial que asumirán sus cargos a partir del mes próximo puedan continuar con el trabajo de consolidación de estas políticas de género, pues reconoció que pese a los avances, “todavía queda mucho por hacer”.

Señaló que debido al enfoque patriarcal aún vigente, se dieron casos de jueces que atenuaron penas de feminicidio bajo el argumento de que al procesado "su esposa no le atendía bien y que no le llevaba a tiempo la comida".

A su turno, la responsable del Observatgorio de Violencia de Género contra las mujeres del Poder Judicial de Costa Rica y Fiscal Adjunta, Eugenia Salazar Elizondo, explicó la experiencia sobre el funcionamiento de esos órganos de supervisión.

"Comenzamos en 2015, tenemos poco tiempo pero somos plataforma de información importante. Antes, el usuario tenía que recurrir a un montón de páginas que ahora están en un solo link muy amigable, donde se rinde cuentas sobre las actividades del Poder Judicial y se recoge inquietudes del público", dijo.

Lamentó que este año la violencia de género en Costa Rica se cobrara 25 víctimas, de acuerdo con una reciente evaluación.

La secretaria de Género del Poder Judicial de Paraguay, Silvia López Safi, advirtió, a su turno, sobre una "tendencia regional a desvirtuar el trabajo" de estos organismos a favor de los derechos de las mujeres, y destacó el compromiso de los medios en la difusión de estas políticas.

"Es fundamental el trabajo de los medios para que la población pueda tener un conocimiento más cabal", subrayó.

Finalmente, la magistrada guatemalteca Alba Alvizuris sostuvo que la prevención general debe estar dirigida al conglomerado de la sociedad, donde debe darse la certeza de que la persona que acuda a la justicia será escuchada “y donde los hombres sepan que no deben incurrir en violencia contra las mujeres porque existe un sistema de justicia para castigarlo”.

ONU alerta sobre violencia de género

Según datos de las Naciones Unidas, entre los años 2005 y 2016, referidos a 87 países, el 19% de las mujeres de entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían sufrido violencia física o sexual o ambas a manos de su pareja en los 12 meses anteriores a ser preguntadas sobre este asunto.

"En los casos más extremos, esa violencia puede provocar la muerte", dijo Rolando Encinas, Oficial de Proyectos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Añadió que en 2012, casi la mitad de las mujeres víctimas de un homicidio intencional en todo el mundo fueron asesinadas por su pareja o un familiar, en comparación con el 6% de los hombres.

"La justicia debe evitar exclusiones jurídicas producidas por la construcción e interpretación tradicional de los roles de género, por ello, la labor jurisdiccional desde un enfoque de género es fundamental para evitar estos sesgos sexistas", puntualizó Encinas.

Advirtió, asimismo, que muchas mujeres víctimas de violencia sexual "se enfrentan a una doble victimización, o porque ponen en duda su palabra o porque cuestionan su comportamiento que ha desencadenado un delito, culpándolas de ello".