Excesiva burocracia administrativa, irregularidades en los procesos de preselección y selección de jueces y funcionarios, denuncias de extorsión no esclarecidas, falta de autoridad, falta de independencia y transparencia, son algunos de los problemas que heredaron los nuevos magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional y por ello anunciaron una profunda reestructuración para revertir esta situación y devolverle certeza a los fallos y legitimidad a los operadores de justicia.

Seis años después de la gestión de los primeros magistrados electos por voto popular, nuevos magistrados asumieron la conducción de la administración de justicia después de los comicios del pasado 3 de diciembre de 2017 y la posesión del pasado 3 de enero.

De entrada, los magistrados y consejeros se quejaron que en la fase de transición no encontraron información transparente y documentada sobre el estado de las instituciones judiciales y esto también se debió a que justamente casi todo el Órgano Judicial ingresó en vacación en diciembre.

El magistrado Orlando Ceballos, por ejemplo, denunció desorden y la falta de información detallada y documentada sobre la situación jurisdiccional y administrativa en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Se nota que en el TCP nunca existió una actitud responsable para brindar esta información básica, elemental para cualquier proceso de transición institucional; hay desorganización, falta de previsión, sólo comentarios de los funcionarios, es muy preocupante”, aseguró.

Los magistrados del TCP terminaron cuestionados tras el fallo que viabilizó la reelección de Evo Morales por el que dejaron incluso archivado un recurso de inconstitucionalidad que objetaba la Ley que eliminó la intangibilidad del TIPNIS. Además de las denuncias de supuestos cobros por pegas y fallos que el propio magistrado Ceballos denunció en la fase electoral.

El Consejo de la Magistratura no logró implementar la carrera judicial y prefirió las designaciones de jueces mediante convocatorias públicas cuyo proceso fue criticado. Los cobros por la venta de títulos de jueces y pegas que enlodaron la gestión.

El consejero de la Magistratura, Omar Michel, observó los procesos de preselección y selección de jueces, vocales y servidores judiciales e incluso posibles casos de extorsión que ameritan procesos de auditoría para devolverle credibilidad a esta instancia. Por estos hechos cuatro magistrados fueron enjuiciados y suspendidos del cargo.

Michel anunció la implementación de la institucionalización para consolidar la carrera judicial, ajustando la normativa reglamentaria y la estructura organizativa.

El Tribunal Agroambiental se caracterizó por las pugnas internas por su Presidencia, que incluso llegaron a agresiones personales y enjuiciamientos. El nuevo magistrado del Tribunal Agroambiental, Rufo Vásquez, expresó su preocupación por la reducción de al menos 47 ítems debido a la disminución por ley de dos magistrados lo que afectará a la institución.

Vásquez planteó la refuncionalización de algunos juzgados agroambientales toda vez que hay algunos jueces que atienden diez causas al año y otros tienen excesiva carga procesal.

El TSJ prefirió el silencio frente a las denuncias de supuesta venta de fallos, que involucraron a algunos asistentes a quienes nadie se animó a denunciar. Se cuestionó la excesiva cantidad de asistentes y funcionarios de apoyo de cada magistrado, además de los viajes de algunos magistrados sin resultados.

El magistrado del TSJ, Esteban Miranda, reveló que durante estos últimos años lo que más se escuchó en la justicia es la falta de independencia, transparencia, retardación y denuncias de corrupción lo que agudizó el desencanto y la desconfianza de la población con sus jueces, que además no brindaban certeza en sus fallos y la unidad de criterios respecto a un hecho.

Supremo optimizará recursos para crear más juzgados

El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, anunció el viernes una reestructuración en cuanto a la cantidad de personal administrativo y jurisdiccional porque en Bolivia hay aproximadamente un juez por cada funcionario administrativo; hay 1008 jueces y 908 administrativos.

En ese marco señaló que la Sala Plena diseña un nuevo modelo de gestión con una estructura que primero optimice los recursos económicos para crear más juzgados, sin que haga una masacre blanca en el nivel administrativo.

Denunció que Presidencia incluso tenía un operador de audio y video con un salario similar al de un juez o un encargado de Relaciones Internacionales sin una función específica.

En el Consejo de la Magistratura había dos instancias que coordinaban el área de comunicación, una de Relaciones Públicas y otra de Relaciones Internacionales.

En el Tribunal Supremo de Justicia hay tres personas en Relaciones Públicas pero no producen material de información y en algunos casos más bien obstaculizan la labor de la prensa, según los periodistas. Lo propio en el Tribunal Agroambiental, hay tres personas en la unidad de comunicación pero no cumplen dicha tarea. El año pasado fue designado en uno de los cargos el hermano del senador Milton Barón.