Ex pareja de edil teme represalias y deja su comunidad

La ex pareja del concejal del municipio de San Lucas, Eusebio A., decidió abandonar su lugar de origen después de haber sido presionada para firmar un documento en el que renuncia a las pensiones para sus tres hijos, según su denuncia que apunta a un grupo de comunarios de Palacio Tambo, que la hostigó en reiteradas oportunidades acusándola de perjudicar al edil.

Por constantes presiones y amenazas, la ex pareja del concejal Eusebio A. decidió abandonar su comunidad, luego de que buscara ayuda en Sucre a través del Delegado Defensorial del Pueblo en Chuquisaca porque se vio obligada a firmar un acta que renuncia a la asistencia familiar.

La señora, afligida, contó que los comunarios de Palacio Tambo se reunieron en comisión para evitar que la autoridad quedara mal porque ella lo había denunciado por no cumplir con el pago de pensiones y por violencia familiar ya que en reiteradas ocasiones –en estado de ebriedad- la agredió verbalmente e intentó violentarla físicamente.

Aseguró que la amenazaron con echarla de la casa donde vivía con sus hijos y el inmueble iba a quedar en manos del edil y una nueva pareja, situación que los comunarios se encargarían de hacer realidad si buscaba ayuda en otras instancias, ya que el acta era “intocable”.

Agregó que le quitaron su teléfono celular para examinar su contenido, y que sólo le devolvieron una vez que accedió a firmar el acta.

“En esa reunión han quedado armar una comisión donde estaban como 45 personas y ellos al día siguiente, el 7 de enero, se han reunido en el corregimiento y me han hecho citar a mí también; yo fui. Después me dijeron que me estaba portando mal, incluso había falsos testigos diciéndome que me habían visto (con otra pareja), pero era falso. Desde 2015 yo no tengo ninguna relación con mi marido. Como me ha pegado en 2015, el 27 de enero, desde esa vez no nos llevamos bien”, señaló.

Actualmente, ella y su hijos son acogidos en la Capital.

La responsable del Servicio Legal Integral Municipal y Casa de Acogida de Sucre, Susana Arias, explicó que la víctima y sus derechos civiles están protegidos por la justicia ordinaria y aunque haya firmado el documento de la comunidad, éste queda sin efecto ya que prevalece el Código de Familia y del Niño, Niña y Adolescente, que declara irrenunciables los derechos de sus hijos. Apuntó además que acudió primero a la justicia ordinaria y no así a la comunitaria.

Acotó que apoyarán a la familia con todas las acciones legales que corresponden y capacitarán a la madre para que tenga una forma de manutención para su familia.

El delegado Defensorial Departamental, Edwin Martínez, quien recibió la denuncia, aguarda el informe de las comunidades sobre el caso, luego de gestionar el apoyo a la familia en la Casa de Acogida de Sucre.

En una entrevista anterior, la autoridad de San Lucas aseguró que cumple con la asistencia familiar y afirmó que el caso estaba en la justicia indígena.