Fiscalía investiga el caso Orbisat contra Méndez
El ex comandante del Ejército Marcelo Antezana calificó de político jurídico este juicio
SINDICADO. El ex comandante del Ejército y ex senador opositor, Marcelo Antezana. La Fiscalía General del Estado inició investigación preliminar en el caso denominado ORBISAT por la adquisición supuestamente ilegal de un sistema de radar para el levantamiento de datos geográficos en la frontera Bolivia-Brasil-Perú con una inversión de más de $us 22 millones. Están denunciados el ex ministro de Defensa Gonzalo Méndez, el ex comandante del Ejército Marcelo Antezana y otros involucrados.
El fiscal superior José Manuel Gutiérrez informó ayer que la denuncia para juicio de responsabilidades fue autorizada por la Asamblea Legislativa el año pasado para que sea tramitada con la Ley transitoria 044 y el procedimiento de la Ley 2445, ambas de juicio de responsabilidades.
“Estamos en la investigación preliminar y una vez que concluyamos se tomará la decisión correspondiente”, señaló Gutiérrez refiriéndose a una imputación o rechazo de la denuncia tal como establece el procedimiento.
Entre los denunciados están el ex ministro de Defensa Gonzalo Méndez; el ex comandante del Ejército Marcelo Antezana; los ex funcionarios del Instituto Geográfico Militar Raúl Virreira y Diego Nelson Salas; el ex asesor del Ministerio de Defensa Raúl Córdoba y los ciudadanos brasileños Roberto Moreira Neto y Rodrigo Ferraza Camargo, ambos representantes de la empresa ORBISAT.
Por ahora, la Fiscalía procedió a citar a los testigos y denunciados y notificar a los sindicados que están fuera del país como el caso de Méndez, quienes después podrán presentarse a declarar y presentar toda la documentación pertinente.
Uno de los sindicados, el ex comandante del Ejército y ex senador de la República Marcelo Antezana dijo que después de la sentencia del caso Misiles chinos tenía previsto retirarse a sus “cuarteles de invierno” pero con este nuevo juicio "juridico-politico", impulsado por el presidente Evo Morales y el ex ministro Reymi Ferreira, seguirá en la palestra judicial y no descartó retomar la vida política.
En agosto de 2017, Antezana y otros ex jefes miltares fueron sentenciados a dos y tres años de prisión por la entrega de Misiles a Estados Unidos, pero se acogieron a la suspensión condicional de la pena.
El militar denunció que la Asamblea Legislativa, el 20 de diciembre, reactivó este proceso de juicio de responsabilidades autorizando el procesamiento, saltando procesos más antiguos que siguen estancados en el Legislativo.
Explicó que el caso ORBISAT se refiere a un proyecto de cartografía nacional de compra de tecnología en el Instituto Geográfico Militar (IGM), en el que el ex ministro de Defensa Walker San Miguel habría encontrado algunas falencias en el contrato con la empresa proveedora, por lo que presentó la denuncia.
El IGM hizo todo el trámite que terminó con una ley, pero al parecer hubo una omisión en el visto bueno del Ejército “lo que motivó la susceptibilidad político jurídica para remitir a Gonzalo Méndez a un juicio de privilegio” en la que involucraron al ex jefe militar.
Denuncian irregularidades de Orbisat
El caso ORBISAT se refiere a un proyecto de cartografía nacional de compra de tecnología en el Instituto Geográfico Militar (IGM), cuyo contrato con la empresa brasileña motivó denuncias de irregularidades del ex ministro de Defensa Walker San Miguel.
En octubre de 2006, el Congreso Nacional recibió el pedido oficial de juicio de responsabilidades contra Méndez, ex ministro de Defensa del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, por haber firmado de manera irregular un contrato por $us 22.6 millones con la empresa brasileña ORBISAT, para la supuesta realización de un mapeo de 90.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional.
Ese año, el ex ministro, San Miguel, denunció que la suscripción del contrato no respetó las normas básicas de administración de bienes y servicios, la Ley SAFCO, la normativa de crédito público y de deuda internacional (el crédito Proex fue gestionado en Brasil por un extranjero a nombre del Gobierno de Bolivia) y sin respaldo presupuestario, es decir, que no se incluyó la contraparte en el presupuesto 2006. Denunció tráfico de influencias no solamente a nivel del Ejecutivo sino del Legislativo.
