Goni fue advertido del uso de la fuerza militar en 2003

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue advertido de que era muy riesgoso el uso de armas letales en la represión militar durante la revuelta popular de septiembre y octubre de 2003.

Fuentes de la Corte del Sur de Florida, Estados Unidos (EEUU), donde se ventila un juicio contra el ex presidente Goni y su ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, revelaron que esa afirmación corresponde al sociólogo Ricardo Calla que declaró como testigo.

Calla, que es especialista en temas indígenas, atestiguó el jueves y relató que conversó con Sánchez de Lozada en febrero de 2003, tras los sucesos en los que murieron 33 personas por enfrentamientos entre policías y militares, y le advirtió contra el eventual uso de la fuerza represiva contra manifestantes en los siguientes meses.

Contó que una persona amiga le pidió que se reuniera con el entonces Presidente para tratar de evitar que la represión cauasara muertes en el país.

Precisamente, en septiembre y octubre de ese año, más de 65 manifestantes terminaron muertos en la ola de protestas antigubernamentales conocida como la Guerra del Gas, que forzó a Sánchez de Lozada y su ministro a renunciar al Gobierno y abandonar el país para lograr protección en EEUU.

El lunes empezó el juicio civil en Florida, donde los familiares de ocho de las víctimas esperan un resarcimiento económico de los dos sindicados.

Por su importancia, la defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín pretendió evitar la declaración de Calla, dijeron esas fuentes, pero el juez, tras debate con ambas partes, lo permitió.

DECLARACIÓN DE OTRO TESTIGO

Nelson Flores, ex comandante del grupo de élite Chachapumas y testigo en el juicio civil contra Goni y Sánchez Berzaín, indicó que el general César López ordenó derribar las antenas de medios de información que se encontraban en la ciudad de El Alto, con la finalidad de hacer que los conflictos de 2003 crecieran.

Al comparecer ante el juez y los jurados del proceso, Flores detalló que Sánchez de Lozada no ordenó que la unidad, que él comandaba, participe de los acontecimientos ocurridos en Warisata y aseguró que López, en su calidad del jefe del Estado Mayor, ordenó el operativo.

“Yo me negué a acatar. Primero porque yo sólo recibía órdenes del presidente Sánchez de Lozada y segundo porque esa acción iba a ir en contra de principios básicos”, declaró Flores.

No descartan pedir revisión de pena para condenados

El abogado de los ex jefes militares condenados por el caso Octubre Negro 2003, Erick Seifert, afirmó que tras el fallo del juicio civil instaurado contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, podría solicitar la revisión extraordinaria de sentencia contra los ex jefes militares que recibieron una condena de entre tres y 15 años de cárcel en Sucre, porque observa que hay nuevos elementos que se están produciendo.

“Todo lo que se está produciendo es en juicio, entonces es prueba legal y se lo puede pedir una vez que concluya el juicio y con esa prueba se presenta nueva demanda, porque son nuevos hechos que nadie conocía, nadie sabía y se puede plantear la revisión extraordinaria del proceso indicando que en Bolivia hay personas que han mentido y pedir anulen la sentencia y los pongan en libertad”, declaró.

Indicó que las víctimas acusan al ex presidente y al ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, de ser responsables de la muerte de civiles, y en Bolivia aseguraron lo mismo contra los ex militares sin considerar que hay un decreto que ordena la movilización de militares para que disparen de la cintura para abajo, cumpliendo tratados internacionales.

Aseguró que el grupo de personas que logró instaurar un juicio en Estados Unidos, “lo que siempre han perseguido es dinero. Voy a decir así, sin tapujos”.

Sin embargo, aclaró que el actual juicio establece responsabilidad no culpabilidad y si la justicia de Estados Unidos los encuentra responsables, ordenarán resarcimiento y de lo contrario se quedarán sin ningún tipo de compensación económica.

Los cinco jefes militares condenados por el delito de genocidio en la modalidad de masacre sangrienta fueron el ex comandante de las FFAA, Roberto Claros, y el ex comandante del Ejército, Juan Veliz, que recibieron la pena de 15 años y seis meses de prisión.

El ex comandante de la Fuerza Aérea, José Quiroga, y de la Armada, Luis Alberto Aranda, recibieron 11 años de cárcel; y el ex jefe del Estado Mayor, Gonzalo Mercado, diez años de prisión.