Un 6% de los bolivianos conocen a víctimas de feminicidio, según datos provenientes de dos encuestas comparativas realizadas en 2015 y 2017 en una muestra poblacional nacional por la iniciativa de Alianza Libres Sin Violencia.

Mientras la violencia hacia la mujer se mantiene con cifras alarmantes, las condiciones institucionales tampoco responden a las expectativas y las necesidades de las víctimas.

La Alianza Libres Sin Violencia puso a consideración ayer los resultados de un par de encuestas realizadas en el país en 2015 y 2017 con la finalidad de tener datos comparativos sobre violencia y la percepción de las usuarias respecto a la calidad de atención en las reparticiones estatales, apuntó la representante nacional de la Alianza Libre Sin Violencia, Diana Urioste.

“Los datos son importantes para manejar las políticas públicas y hay que recurrir a esta información para ver si estamos avanzando, retrocediendo o nos estamos manejando en situaciones similares”, añadió durante el acto de presentación al que asistieron varias autoridades e instituciones involucradas en la lucha contra la violencia a la mujer.

La “Segunda encuesta nacional de percepciones sobre situación de violencia contra las mujeres en Bolivia – comparativo”, a cargo de Vivian Schwarz, de “Ciudadanía”, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública (Cochabamba), mostró que 2.100 personas mayores de 15 años respondieron las encuestas en unos 70 municipios del país, desvelando que “el problema de la violencia es grave”.

Schwarz apuntó lo alarmante que es que el 6% de los encuestados admitió conocer personalmente a mujeres maltratadas hasta morir; el 70% de los agresores se constituyen en la pareja o el esposo, un 8% la ex pareja y un 5%, el novio.

Los encuestados creen también que el lugar donde las mujeres son violentadas con mayor frecuencia es la familia, con un 65.8%, cuando debería ser el espacio más seguro, mientras que las fiestas o la calle ocuparon un segundo y tercer lugar, con un 17.1% y 11.3%, aunque en el caso de la vía pública el acoso es también un problema. A esto se añade que un 46.8% de las mujeres se siente segura en su hogar y sólo un 28.2% “muy segura”, pero tampoco creen que su barrio sea una zona confiable.

En una escala de 0 al 100 de cuan grave es la violencia, la población calificó en 2015, 85 puntos, mientras que en 2017 subió a 86. “Nos sigue pareciendo igual de grave que hace dos años”, señaló Schwarz, al destacar que la gente refleja que la violencia continúa siendo un problema y que está en aumento.

Por otro lado, esta encuesta analiza también que las mujeres se encuentran en una situación de desigualdad frente a los hombres desde la independencia económica y la educación cuando se cree que dichos elementos son necesarios para la independencia de las propias féminas y contrariamente se las pone en desventaja, en varios aspectos como el sueldo diferenciado o la contratación para un puesto de trabajo.

Al frente de todos los datos, los encuestados señalaron que hacen falta lugares para presentar quejas, empero la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) son a los que más acuden las víctimas.

Por su parte el “Tercer informe de cumplimiento del estándar de la debida diligencia en la atención a mujeres en situación de violencia”, a cargo de Mónica Bayá, de la Comunidad de Derechos Humanos, permite conocer las percepciones de los usuarios sobre las instituciones como la FELCV, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

Las carencias en este sentido, dijo Bayá, son la protección a las víctimas quienes se ven sin un acompañamiento por los funcionarios y muy pocas veces son remitidas a un centro de acogida ni se valora el riesgo de vulnerabilidad.

La percepción de los usuarios es que hay retardación de justicia o en muchos casos impunidad, cuando lo que buscan es que su agresor tenga una sanción.

Acotó que también se observa que las autoridades judiciales hacen poco uso de los estándares internacionales y no se aplican instrumentos internacionales como parte de su razonamiento. Otro aspecto es la falta de especialidades e inestabilidad del personal que impide que haya una buena gestión y atención constante a las víctimas.

De acuerdo con datos nacionales de 2017, la FELCV recibió más de 38.000 casos de violencia, con un 89% en casos de violencia familiar y doméstica. Llama la atención, dijo, el incremento en los casos de violencia sexual y que sólo un 1% de los agresores fueron sentenciados. Al año, hay al menos un centenar de feminicidios.

“Es una muestra que no hemos avanzado en la prevención de la violencia. Más allá de las limitaciones de acceso a la justicia, fuera del fortalecimiento que se pueda hacer a las instituciones, (…) si es que no se aborda de manera integral a través de una planificación estratégica con recursos y una propuesta a largo plazo y un plan de prevención de violencia en el país, esto va a continuar. Todavía no vemos acciones firmes por parte del Estado que estén dirigidas a la prevención de la violencia”, señaló.

La directora del Centro Juana Azurduy, Martha Noya, subrayó por su parte que “las estadísticas señalan que en las controversias judiciales en todas las materias a ser juzgadas, las mujeres son quienes se encuentran en situaciones de víctimas o sufren algún daño material e intelectual”.