A una nueva infraestructura y al incremento de presupuesto aspira la Escuela de Jueces para avanzar como institución. Ayer en su rendición pública de cuentas dio a conocer los avances y alcances en cuanto a capacitación y formación en varias áreas y materias del Derecho durante 2017.

En un acto corto, el director de la Escuela de Jueces, Carlos Ramos, ofreció ayer la rendición pública de cuentas de dicha institución que manejó un presupuesto de Bs 7.675.277, del cual alcanzó a ejecutar Bs 6.606.201 (86%) con un saldo de 1.069.075.

Denotó que la asignación presupuestaria no significó mayor incremento en los últimos años. Las áreas de capacitación y formación serían las menos favorecidas.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, admitió que “el tema presupuestario siempre va a ser una debilidad, pero existiendo nuevas autoridades electas, nuevo directorio, se ve por conveniente priorizar las tareas de capacitación y formación y por consiguientemente propugnar mayor asignación presupuestaria por cuanto reitero, esta es la razón de ser de la Escuela de Jueces”.

Por otro lado, Ramos indicó que “un tema clave” en este momento es contar con un nuevo edificio, aunque aseguró que hay instrucción de iniciar gestiones con la Dirección Administrativa Financiera; otro elemento fundamental es la aplicación de nuevas tecnologías. Destacó el compromiso de jueces y vocales para acceder a la formación y la capacitación.

La Escuela de Jueces capacitó a 4.170 funcionarios en áreas de derechos humanos, constitucional, social y administrativa, penal, conciliación y arbitraje, niñez y adolescencia, agroambiental, gestión y apoyo judicial, aunque varios accedieron a los cursos en diferentes áreas.

En cuanto a formación, en 2017 concluyó el Primer Curso de Formación y Especialización en el área Ordinaria y el Consejo de la Magistratura designó a los egresados, lo que activó la carrera judicial como una garantía de independencia, destacó.

Ramos añadió que por ahora se busca consolidar plenamente el trabajo de los jueces en ejercicio y promover la generación de los egresados, en niveles más especializados en una carrera judicial que se consolide para dar “una especie de seguridad a los administradores de justicia”.

Los cursos tienen un plus de formación por un acuerdo con la universidad Católica San Pablo, que los acredita a nivel de Diplomado en Derechos Humanos, especialidad en el Derecho Procesal y Procedimental y Maestría en Impartición de justicia en el Sistema Plural. En un futuro se busca formar jueces por áreas específicas.

La escuela también tiene un convenio con la universidad Amazónica de Pando.