El Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) planteó ante la autoridad competente la declinatoria en el paquete de 153 proyectos denunciados por la Contraloría General del Estado para que sean procesados por separado en los juzgados naturales, por los incipientes avances en el esclarecimiento del caso.

"Todos estos 153 proyectos resumidos en un solo proceso no han avanzado nada, por lo complejo de reunir a los supuestos culpables. Es decir cerca de 400 personas que deben reunirse para una audiencia y eso no es aplicable ni posible", afirmó el director general del FDI, Braulio Yucra.

En 2015, la Contraloría General del Estado identificó un presunto daño económico de Bs 71 millones en 153 proyectos que los administradores del Fondo Indígena no llegaron a ejecutar pese a los desembolsos para los planes. Entonces, el caso fue derivado al Ministerio Público y avanzó lentamente sin resultados efectivos.

Los 153 proyectos están unificados en un solo caso para efectos investigativos; sin embargo, esta metodología imposibilitó que el proceso avance, porque es imposible reunir en una sola audiencia a todos los presuntos responsables; por esa razón, plantearon que se constituyan en 153 procesos y cada uno en su juzgado natural, lo que viabilizará la preparación del juicio.

"Con la declinatoria, los 153 proyectos se (pueden) constituir en 153 procesos en sus lugares naturales para hacer viable el proceso de los juicios para que lleguen a su fin", sostuvo Yucra.

Poco antes de las elecciones departamentales y municipales (2015), la Contraloría General del Estado hizo conocer su informe. El caso derivó en un escándalo porque candidatos del MAS, autoridades de Gobierno, asambleístas y dirigentes sindicales afines al partido gobernante estaban en una extensa lista de involucrados.

La mayoría de ellos se habían constituido en representantes legales para recibir los recursos económicos del Fondo Indígena para la ejecución de proyectos en las áreas rurales, pero gran parte de esos planes no se ejecutaron a pesar de que se hicieron los desembolsos en diferentes porcentajes.

A la fecha, se trata de 232 proyectos en general, es decir incluidos los denunciados por la Contraloría, que están en la vía penal con un presunto daño económico de 121 millones de bolivianos.