“Justicia para Nayda”, piden familiares y amigos de la joven que vive con respiración artificial desde hace siete años. Ayer, en el Tribunal de Sentencia Nº1 del Tribunal Departamental de Justicia, se reinició el juicio contra dos galenos sindicados por negligencia médica, tras operarla en 2011. La defensa de los médicos aseguró que hay aspectos que todavía no fueron esclarecidos para culpabilizarlos.

Luego de siete años se reinició el juicio contra L.T., (cirujano) y D.T. (anestesiólogo), médicos que intervinieron quirúrgicamente a Nayda Michel, una estudiante de segundo año de Derecho que fue atropellada cerca de su Facultad, en 2011.

Dos heridas de gravedad en el rostro obligaron a que fuera operada en el hospital Santa Bárbara para quitarle los restos de vidrio de la piel. Sin embargo, hasta ahora no volvió a abrir los ojos.

“Mi hija salió de la operación sin los médicos, empujada por el camillero y la ha llevado a una sala donde no había condiciones ni la mínima posibilidad para darle una atención, los médicos nunca salieron porque se fueron antes de que mi hija reaccione en quirófano”, recordó entristecido, Juan Michel, su padre.

Según su relato, luego de la operación Nayda sufrió broncoaspiraciones, llegando a la hipoxia cerebral, lo que afectó un 90% de sus capacidades, dejándola en estado vegetal. “Hoy mi hija tendría un título y un trabajo”, manifestó afligido.

Michel indicó también que se abrió otro proceso en contra del conductor del vehículo que la atropelló y se dio a la fuga, pero el sujeto habría huido a Perú.

La defensa de los galenos presentó ayer un incidente con el fin de garantizar “la sanidad” del proceso, aseguró el abogado del médico anestesiólogo, Sergio Vildoso.

“Hemos planteado una excepción en el marco de la Constitución Política del Estado y las potestades que tienen los tribunales para poder tomar decisiones que mejor convengan a un proceso y a la sanidad de esta audiencia, impetrando que existe un amparo constitucional que no ha sido resuelto y puede definir la competencia o no de todo el tribunal porque el Tribunal Constitucional puede determinar que el doctor Marcelo Barrios retorne a este Tribunal y todo lo avanzado lamentablemente va a tener que retroceder”, dijo.

Sin embargo, la petición fue rechazada por el Tribunal; el abogado lamentó la decisión porque la intención no fue dilatar el proceso o buscar beneficios como se lo consideró, acotó.

Manifestó también que hay aspectos de la investigación que todavía no están claros y que el Ministerio Público habría obviado, como el de quién dio la orden de cambiar a la víctima a una sala que no estaba prevista para recibirla después de la operación y los cuidados que debería recibir, según la orden de los médicos.

Añadió que en el juicio no están personas que tienen” mayor responsabilidad en la parte administrativa” por las decisiones que se tomaron en ese momento.

El juicio debería seguir en horas de la tarde, pero se suspendió hasta el 19 de abril, por la ausencia de fiscales.

OTRAS DENUNCIAS

“Al escuchar (el caso) en la radio he venido”, dijo Mario Espinoza, un padre de familia que lamenta la situación actual de su hijo que habría sido operado por el mismo cirujano en 2012, luego de un accidente, afectando a una de sus piernas. Lo que necesitaba era una cirugía plástica porque, según le dijo el sindicado, no tenía problemas en los huesos.

“El pie de mi hijo ha quedado torcido, ahora no puede jugar ni con pelota. Yo he vuelto, esa vez tenía la posibilidad de que SOAT me cubría (los gastos), pero como el doctor no me dijo nada, lo he dejado así y más bien él se molestó (cuando fue a reclamar). Las madres (Siervas de María) nos ayudaron”, contó.

Espinoza añadió que acudirá al Ministerio Público para sentar su denuncia.

De acuerdo con información que accedió CORREO DEL SUR, habría otra persona que presuntamente también fue perjudicada por el mismo galeno.