Víctimas dejan fallo final en manos del juez de Florida

La defensa de las víctimas del caso Octubre Negro en Estados Unidos, aseguran que no ingresará en el “juego” de los abogados del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro Carlos Sánchez Berzaín quienes pidieron que el juez del proceso civil revierta la decisión del jurado, que los declaró responsables con el argumento de que no pudieron probar que conocía del Plan República.

El abogado Rogelio Mayta indicó que prefiere no comentar la estrategia de Goni "porque es entrar en su juego". "Nuestros abogados presentarán los recursos necesarios, no voy a comentar nada porque considero que eso es lo que quisiera la defensa de Sánchez de Lozada, no caeremos en eso".

Coincidió con esa posición el dirigente de los familiares Patricio Quispe, quien añadió que todo está en manos de los juristas que llevan el caso en EEUU.

El Plan República se redactó en enero de 2003. El abogado estadounidense Tyler Giannini explicó que según el ex jefe militar Juan Veliz, ese documento fue redactado por el Alto Mando y presentado a Goni y Sánchez Berzaín, en reunión con el Alto Mando Militar. Estipulaba la autorización de uso de fuerza militar para reprimir marchas.

Los abogados de la defensa recuerdan que la demanda presentó 23 testigos en sala y otros seis por video y 87 elementos de prueba. Pero no pudieron mostrar ningún plan de los demandados para usar la fuerza contra civiles y tampoco una relación que demuestre que los demandados tuvieron una intención personal para provocar esas muertes.

Según Goni y Sánchez Berzaín, la demanda estuvo basada en tres teorías. La primera se basó en un supuesto "plan" de los demandados el 2001 para matar civiles inocentes. Esa teoría se evaporó cuando el único testigo del supuesto "plan" de los demandantes, Víctor Hugo Canelas, declaró que Sánchez de Lozada "suspendió la reunión "y respondió:" Se acabó", sin aprobar el supuesto plan. La otra teoría de los demandantes fue el Plan de la República y el Manual para el uso de la Fuerza, los demandados sostienen que no conocieron de este documento. La última teoría fue el testimonio del ex viceministro del Interior, José Luis Harb quien no dijo nada sobre el debate o solución que involucró el uso de la fuerza letal contra civiles, según los ex mandatarios.