Gobierno construirá más cuarteles para frenar contrabando
El anuncio lo hizo el presidente Evo Morales en la posesión de un nuevo viceministro
POSESIÓN. El nuevo viceministro de Lucha contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez. Bolivia construirá más cuarteles en sus fronteras, particularmente con Chile, para frenar el contrabando que al año mueve unos $us 1.000 millones y causa daños al fisco por unos $us 350 millones, aseguró ayer, jueves, el presidente Evo Morales en el acto de posesión de Gonzalo Rodríguez como viceministro de Lucha contra el Contrabando.
"Hemos decidido que, mediante nuestras Fuerzas Armadas, se van a construir cuarteles en las fronteras, especialmente en la frontera con Chile", afirmó.
Morales justificó la creación de esa cartera asegurando que "el contrabando mueve cerca de $us 1.000 millones (al año), el Estado pierde más de $us 350 millones" y un 70% del negocio proviene desde territorio chileno.
El Presidente añadió luego en su cuenta personal en Twitter que "lamentablemente, algunos países contribuyen a esta agresión económica e impiden el crecimiento de Bolivia".
El gobierno creó el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando para aumentar la presencia militar en las fronteras vulnerables al comercio y pasaje ilegal de mercadería, y promulgó una nueva ley para equipar mejor a los uniformados, con armas que puedan usar en caso que su vida esté en riesgo.
La medida fue adoptada después de que en marzo dos militares fueron emboscados y asesinados por contrabandistas que actúan como mafias organizadas y tienen el control de rutas fronterizas.
El nuevo viceministro, coronel de Ejército, dijo que prefieren puestos militares adelantados porque una vez que la mercancía ingresa al país se hace más difícil controlar la circulación porque existen miles de caminos para llegar a diferentes ciudades.
“El secreto está en detener este flagelo en la frontera” cuyas rutas ya fueron identificadas, declaró. Un estudio estratégico identificará el lugar donde serán instalados los puestos militares.
Sugirió que la Fiscalía, gobernaciones y empresarios privados tienen que tener responsabilidad, porque se trata de una lucha para el crecimiento económico del país.
