Caso Octubre: Juez exime de culpa a Goni; apelarán

Tras el fallo, Sánchez Berzaín pidió dar con los responsables de las muertes

LIBERADO. El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada radica en Estados Unidos desde 2003. LIBERADO. El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada radica en Estados Unidos desde 2003.

El Deber y EFE
Seguridad / 31/05/2018 06:18

Un juez estadounidense liberó de responsabilidad de las muertes y de un resarcimiento de $us 10 millones al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro Carlos Sánchez Berzaín al desestimar el fallo del jurado que declaró a ambos responsables civiles de la muerte de ocho personas durante las protestas en 2003; la defensa de las víctimas expresó su desacuerdo y anunció una apelación.

"Los demandantes no presentaron ninguna evidencia" de un "plan concebido para matar civiles", señaló el juez James I. Cohn en el documento, al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE.

El pasado 3 de abril, el jurado de este caso civil responsabilizó a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín de las muertes de ocho personas en las protestas sociales registradas en 2003 y fijó compensaciones por $us 10 millones.

Tras conocer el veredicto, Sánchez de Lozada dijo que nunca tuvo la intención de causar daño en las protestas de 2003.

"Con la decisión del juez concluye el juicio sobre los difíciles y lamentables eventos de septiembre y octubre de 2003 que interrumpieron la democracia en Bolivia", señaló el ex mandatario de 87 años, que abandonó la Presidencia en 2003, antes de concluir el mandato, debido a la crisis originada por las protestas, en las que murieron unas 70 personas.

En la demanda, los familiares de ocho bolivianos muertos exigían indemnizaciones por "matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos" que el 17 de octubre dejaron 70 muertos y más de 400 heridos en El Alto.

Para la familia de Gonzalo Sánchez de Lozada, el fallo del juez es "históricamente justo" pero no es un motivo de celebración. El yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcazar, considera que el caso fue utilizado políticamente.

Sánchez Berzaín fue más allá y dijo que ahora queda dar con los responsables de los hechos luctuosos de octubre de 2003 y apuntó al presidente Evo Morales, Felipe Quispe y al ex presidente Carlos Mesa.

"Si Goni y Sánchez Berzaín no son los responsable de los hechos de octubre de 2003, ¿entonces quiénes son?, necesitamos saber quiénes son los responsables. La historia está señalando al proceso conspirativo liderado por Evo Morales, Felipe Quispe y a la alta traición de Carlos Mesa" explicó Berzaín.

El Gobierno se pronunció a través del ministro, Carlos Romero, quien afirmó que emplear militares para intervenir movilizaciones ciudadanas (en Octubre Negro) implica una responsabilidad política.

Sobre las acusaciones de Sánchez Berzaín de que el presidente Evo Morales y Felipe Quispe orquestaron un plan para derrocar a Goni en 2003, Romero declaró: “Es un discurso repetido de que hubo un plan golpista ideado por Evo y ante la historia quedó descartado”.

Consultado si con la decisión sepultaba la posibilidad de extraditar a Goni, Romero dijo que no, porque era un proceso civil y el principal proceso es el penal.

En su cuenta de Twitter, el presidente Evo Morales condenó la decisión del juez y exigió a EEUU dejar "de proteger a esos genocidas".

APELACIÓN

El abogado de las víctimas de octubre de 2003, Tomás Becker, anunció la apelación a la sentencia del juez estadounidense ante la Corte de Apelación del Circuito 11.

"El juicio no termina con esta decisión. El proceso sigue porque nosotros apelaremos la decisión del juez (Cohn). Esto puede durar uno o dos años y lo haremos inmediatamente. Creemos que el juez se equivocó, porque el pueblo, a través del jurado, dijo que las muertes fueron provocadas", remarcó Becker.

"Es una noticia muy triste y claro que nos duele. Apoyamos la apelación y ojalá se haga justicia", sostuvo el presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre de 2003, Patricio Quispe.

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, aseguró que confía en que el fallo del juez sea revertido en las instancias de apelación.

 

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