El Tribunal Agroambiental decidió impulsar una Ley corta para la resolución de las demandas por daños al medioambiente, agua y biodiversidad que no pueden ser atendidas por falta de un código procesal que espera en el Legislativo hace más de cinco años. Ayer se recordó el día mundial del Medioambiente y se desveló la falta de protección de las normas bolivianas.

El presidente del Tribunal, Gregorio Aro, señaló ayer que en la actualidad la judicatura agraria sólo resuelve demandas relacionadas con conflictos agrarios y no agroambientales por falta de un instrumento legal como el código procesal; sigue aplicando el antiguo Código Civil y el de procedimiento civil en los trámites.

Aro dijo que la normativa relacionada con las tierras y el medioambiente no fue actualizada desde hace varios años; si bien se incorporaron algunos decretos, requieren de una adecuación a la Constitución Política del Estado; la Ley INRA data de 1996, la Ley de reconducción comunitaria de 2006 y Ley de medioambiente de 1992, entre otros.

“Amerita un instrumento legal para consolidar un nuevo modelo de justicia agroambiental”, sostuvo Aro.

La Ley corta que está lista, pasará para su aprobación en la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre Judicial y después a la Asamblea Legislativa para que en breve la apruebe y este tribunal tenga los procedimientos para resolver las demandas sobre medioambiente, forestal, pecuario, recursos hídricos, biodiversidad, flora y fauna.

Paralelamente se seguirá gestionando el código procesal agroambiental que está pendiente como los códigos Civil, Administrativo, Laboral y del sistema penal.

Admitió que hay demandas que llegaron al Tribunal relacionadas con temas forestales, medioambiente y otras que requieren de una resolución para evitar la retardación de justicia, una deuda histórica con el pueblo y brindar una administración de justicia, eficiente, transparente, rápida y con valores.