La UE compromete Bs 30 millones para la carrera judicial
Con la nueva carrera judicial, el Consejo pretende encaminar la institucionalización
REUNIÓN. Los consejeros de la Magistratura con representantes de la Unión Europea en Bolivia. La Unión Europea (UE) apuesta por la carrera judicial en Bolivia con una inversión inicial de al menos Bs 30 millones (3 millones de euros) para consolidar el proceso de institucionalización y acabar con las designaciones transitorias, informó ayer el decano del Consejo de la Magistratura Omar Michel, luego de una reunión con representantes de la cooperación europea en Bolivia hace unos días.
La UE habría destinado aproximadamente Bs 200 millones para la implementación de la carrera judicial en Bolivia y tras la reunión con las autoridades judiciales en Sucre, comprometió un apoyo de Bs 30 millones para la fase inicial, señaló Michel.
La cooperación pretende priorizar la carrera judicial y la lucha contra la corrupción y el Consejo de la Magistratura expuso también su agenda de prioridades a partir del cambio de los modelos de gestión judicial que están obsoletos y requieren de una reorientación a partir de una carrera judicial, carrera administrativa y modificaciones en la Ley 025 del Órgano Judicial, explicó Michel.
Los consejeros coincidieron en la necesidad de acabar con la transitoriedad de los jueces que en los últimos años fue motivo de designaciones tildadas de corrupción.
Ahora dependerá del Estado boliviano viabilizar esta cooperación y el Consejo de la Magistratura está haciendo las gestiones ante el Ministerio de Justicia y la Cancillería, añadió el consejero.
En consultor en materia judicial, el peruano Eddie Cóndor, señaló que Bolivia tiene de su lado a la cooperación internacional y nacional interesada en sumar al desarrollo institucional de todo lo que tiene que ver con los servicios de justicia, pero lo que falta es propuesta y claridad sobre lo que el Órgao Judicial necesita.
Propuso algunos elementos de la experiencia judicial en Costa Rica, donde perfeccionaron los mecanismos de selección de jueces, la permanencia en el cargo a través de nombramientos por períodos relativamente largos, la autonomía financiera a través de recursos suficientes para personal e infraestructura, y la profesionalización del personal judicial.
