Palmasola: Revelan que mafias siguen operando

El crimen organizado mantiene las pugnas de poder en Palmasola y los excesos de la intervención policial son recurrentes. Esa situación fue revelada ayer por el Defensor del Pueblo en una audiencia donde la justicia dispuso modificar la detención preventiva por la domiciliaria para el ex dirigente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Alberto “Tico” Lozada, después de que reclusos intentaran matarlo por colaborar en la identificación de los grupos de poder y los casos de extorsión.

La audiencia fue convocada por el Tribunal de Sentencia a pedido de la defensa de Lozada, ante el riesgo inminente de que sea asesinado en manos del crimen organizado. Lozada, que no estuvo presente por estar hospitalizado, está detenido por el caso de supuesta corrupción en la FBF por el que están procesados Carlos Chávez y otros.

El defensor del Pueblo, David Tezanos que fue ofrecido de testigo del hecho de riesgo que conlleva la vida de Lozada, refirió que en tres ocasiones intentaron asesinar al imputado, el 12 y 14 de marzo y el último 7 de junio cuando al menos 33 reclusos con armas punzocortantes le causaron lesiones por las que está internado en un hospital de Santa Cruz.

El Defensor anunció para este jueves un informe sobre la inseguridad que persiste en Palmasola relacionado con el control que tiene el crimen organizado y los excesos de la intervención policial.

En la audiencia se reveló que Lozada estaba colaborando en descubrir las pugnas de poder y las extorsiones contra la población penitenciaria y para ello, implementó una instancia legal para colaborar a reclusos cuyos casos judiciales no estaban resueltos.

Según la defensa del ex dirigente del fútbol, en el incidente participó un grupo de reclusos supuestamente liderados por Víctor Hugo Escobar Orellana, alías “Oti”, quien pese a haber sido trasladado a otro penal tras un motín en marzo mantiene contactos con reos en Palmasola.

Con esos argumentos, la defensa de Lozada, solicitó la cesación de la detención preventiva a cambio de disponer el arresto domiciliario con escolta policial. “Si él retorna a Palmasola va a morir porque ya le habían puesto precio a su cabeza”, advirtió la abogada Silvia Salame.

El Defensor reveló que los reos habrían ofrecido $us 150 mil por la cabeza de Lozada.

“Lozada estaba ayudando a poner orden en la cárcel, como encargado de los internos después que salió la mafia”, enfatizó.

En versión del Ministerio Público, no hay tales riesgos contra la vida de Lozada porque inmediatamente ocurrido el incidente de agresión la Policía incrementó la seguridad en el pabellón PC-4 donde se encontraba el imputado y los reclusos que protagonizaron estos hechos fueron trasladados a otros pabellones.

El fiscal superior Gilber Muñoz aseguró que el Ministerio Público requirió mayor seguridad para Lozada y que el certificado médico estableció lesiones en el rostro, una herida por arma punzante en el abdomen y una incapacidad de trabajar durante cinco días, por lo que no ameritaría la cesación de la detención.

Los fiscales advirtieron parcialización en la declaración de Tezanos con la defensa de Lozada.

Luego de más de tres horas de audiencia, el Tribunal de Sentencia dispuso la detención domiciliaria con escolta policial, la obligación de presentarse en la Fiscalía de Santa Cruz todos los lunes y viernes, el arraigo, la presentación de dos garantes solventes. El Tribunal está conformado por los jueces Beth Vásquez, Ángel Barrios y Crisóstomo Mansilla.

Trasladarán 23 reos a otras cárceles

El gobernador de la cárcel de Palmasola, Javier Lora, informó ayer que está a la espera de las órdenes administrativas de la autoridad de Régimen Penitenciario para el traslado de 23 reos de ese recinto penitenciario para evitar que se rearticulen.

Lora explicó que los reos que serán trasladados "son peligrosos" porque planificaron varios hechos delictivos, como el ingreso de droga y las estafas vía celular, y al ver afectados sus intereses atentaron contra la vida del ex delegado de los internos, Alberto Lozada.

Recientemente se desveló que más de 80 reclusos cumplieron su condena pero seguían encarcelados. Al respecto, el defensor del Pueblo David Tezanos señaló que la no liberación oportuna de los reclusos que cumplieron condena implica responsabilidades y se puede activar denuncias y auditorías jurídicas.