El jet lujoso decomisado por la Aduana Nacional por supuesto contrabando y adjudicado al Ministerio de la Presidencia por “abandono”, sigue generando dudas después de que ayer la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) identificara la ruta que siguió, los tripulantes y la persona de contacto encargada de la aeronave, responsabilizando a la Aduana de otorgar la estadía temporal de la misma.

La oposición reiteró ayer su pedido al Gobierno de una explicación de las gestiones que realizó en este caso, ya que consideran poco probable que alguien deje abandonada una aeronave que costó más de $us 30 millones y que ahora está valuada en al menos $us 10 millones.

El diputado Wilson Santamaría de Unidad Demócrata (UD) anunció la presentación de una solicitud de informe para que el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, de cuyo despacho depende la DGAC, explique cómo ingresó esa aeronave al país, por qué se quedó tanto tiempo en un hangar del aeropuerto de El Trompillo y cuál es la ruta que debía seguir.

El director de la DGAC, general Celier Aparicio, responsabilizó ayer a la Aduana de otorgar la estadía temporal y luego proceder al decomiso del jet y sostuvo que la DGAC cumplió con todo lo que estaba bajo su competencia.

Aparicio informó que el Jet Gulfstream GIII con matrícula N557JK se quedó en el país por problemas de mantenimiento.

La nave que aterrizó en Viru Viru en abril del año pasado, postergó dos veces su salida del país hacia México y pidió prolongar su estadía una tercera vez. Fue entonces cuando la DGAC decidió pasar la información a la Aduana.

"El primero de agosto del año pasado, se recibe de un responsable del avión, un pedido de prórroga de estadía de la aeronave en territorio boliviano debido a razones de mantenimiento. La DGAC les recomienda que el pedido sea de parte del dueño de la aeronave o representante legal", explicó.

Finalmente, el avión se quedó hasta febrero de este año, cuando la Aduana interviene y lo decomisa.

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomas Monasterios, que tuvo acceso a la hoja de ruta de la llegada y estadía del avión en el país denunció que autoridades del Gobierno ocultaron información para apropiarse del avión.

La aeronave estaba registrada en la empresa estadounidense Global Exec Aviation y la tripulación la integraban Ramiro Castillo y José Luis Cervantes, según el documento de la DGAC.

La persona de contacto que figura en el documento es Alejandro Ruik quien sería funcionario de Pike Aviation, una compañía que brinda soporte de vuelo para viajes en América Latina y el Caribe.

"Me sorprende que no hayan querido hacer público este documento, presumiblemente hay un hecho doloso, delictivo y de corrupción por no respetar los procedimientos", manifestó Monasterio.