Activistas de los derechos humanos y familiares del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz pidieron resultados a la Comisión de la Verdad de Bolivia, ayer, en los actos de recordación de los 38 años de su desaparición y del golpe de Estado militar del dictador Luis García Meza (1980-1981).

El activista y sobrino del político desaparecido José Antonio Quiroga lamentó que hasta el momento la instancia encargada de indagar lo sucedido en el periodo 1964-1982 no haya "entregado ningún informe" y no tenga "ningún resultado".

"Esta comisión no ha dado muestras de ningún interés especial en investigar, nosotros no le hemos visto, nunca nos han convocado", completó Quiroga.

Además señaló que es "una decepción muy grande" que durante el gobierno de Evo Morales no se haya avanzado en la investigación para dar con el paradero de los restos del líder social.

De la misma manera, quien fue abogado en el juicio de responsabilidades contra García Meza, Juan del Granado, sostuvo que hay un "rol ausente" del Estado para construir una memoria histórica sobre estos hechos.

Quiroga Santa Cruz desapareció un 17 de julio de 1980 durante la intervención militar a una sede sindical en La Paz, fecha desde la que no se supo más de su paradero.

Por su lado, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, en declaraciones a los medios señaló que la voluntad del Gobierno "es inquebrantable" para esclarecer los sucesos de la dictadura.

La Comisión de la Verdad fue creada por ley nacional en 2016 y sus miembros comenzaron a trabajar en agosto del año pasado, inicialmente tiene una vigencia de 24 meses, pero en mayo de este año una reforma legislativa permitió que se extienda un año más.

La presidenta de la Asociación de Familiares de los desaparecidos en la dictadura, Ruth Llanos, demandó justicia para los familiares de los desaparecidos y asesinados durante las dictaduras.

La Fiscalía General anunció la priorización de la búsqueda de los desaparecidos pero a la fecha tampoco tiene resultados.

García Meza murió por complicaciones en su estado de salud cuando cumplía una condena de 30 años por crímenes contra los derechos humanos ocurridos durante su gobierno.