No inicia juicio oral contra acusados de pornografía infantil
Un operativo policial internacional desveló a la red que distribuía videos pornográficos
DELITO. La Fiscalía identificó a cuatro sospechosos que están procesados en Bolivia. Uno de los principales responsables de la red de pornografía infantil a través de mensajería móvil fue beneficiado con detención domiciliaria. En el proceso hay vulneración de la cadena de custodia, reemplazaron importantes evidencias y desde hace cuatro meses que no se instala el juicio oral, según estableció una investigación realizada por ANF.
En marzo de 2017, una compleja investigación de Europol, en colaboración con Interpol (Policía Internacional), en la operación denominada “Tantalio” desarticuló una red de pornografía infantil a través de mensajería móvil que detectó a cuatro ciudadanos bolivianos entre los 136 integrantes de grupos de pedofilia de 18 países.
Fueron aprehendidos Rubén Carlos L.M., Jenrry Cristhian G. R. y Gary Frith F. B. Unas semanas después, en la ciudad de Sucre, fue capturado el mayor de Ejército José Luis M. Ch.
En octubre de 2017, el oficial que supuestamente operaba desde el Liceo Militar Edmundo Andrade en Sucre, fue enviado con detención a la cárcel San Pedro en La Paz, de donde salió con libertad condicional pero nuevamente fue devuelto a prisión en mayo de este año acusado de violar a un un soldado y difundir un video de la vejación entre sus contactos de WhatsApp.
Para la ex directora de la Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP), Karina Cuba, a primera impresión le quedó claro que los cuatro detenidos eran apenas las cabezas visibles de cientos de personas que se ocultan tras los sitios anónimos y la encriptación de datos. Sólo en uno de los varios celulares incautados en los operativos había más de 40 grupos de WhatsApp con 200 a 250 integrantes cada uno.
La agencia de noticias ANF confirmó que uno de los principales responsables, el militar, fue beneficiado con detención domiciliaria, que se vulneró la cadena de custodia y se reemplazaron importantes evidencias como un celular y dos CD que fueron sustituidos; la Fiscalía demoró un año en formular la acusación y desde hace cuatro meses no se instala el juicio.
