En los últimos cinco años, la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF) del Órgano Judicial priorizó la inversión en la construcción de 35 edificios y casas de justicia en el país, sobre todo en lugares donde hay hacinamiento, infraestructuras antiguas y sin condiciones para el servicio judicial; algunas de las construcciones fueron observadas y son sujeto de auditorías.
El encargado de la unidad de infraestructura de la DGAF, Arquitecto Juan Antonio Cuéllar, informó que desde 2013 se incrementó la inversión en la construcción de 35 edificios y casas de justicia en el país; los edificios de más de tres plantas y las casas de justicia entre dos a tres plantas.
Cada infraestructura, dependiendo del tamaño, supuso una inversión de entre 15 y 35 millones de bolivianos. Pero también hay casas de justicia que tuvieron un costo no mayor a los Bs 2,5 millones.
Cuellar informó que este año se ejecuta la construcción de un edificio judicial de diez niveles denominado Anexo B en el distrito de La Paz (Bs 35 millones), también en el municipio de Quillacollo (Cochabamba). Otras infraestructuras en Colquechaca (Potosí), Bermejo (Tarija), Entre Ríos (Tarija), anexo B en Oruro, la ampliación de la casa judicial en Montero (Santa Cruz), y otro anexo en la ciudad de Cochabamba.
El funcionario dijo que con la Ley 025 se implementaron los conciliadores y los juicios orales, lo que modificó el diseño de las infraestructuras porque antes se readecuaban viviendas para juzgados, ahora el diseño responde al servicio exclusivo de la justicia, con tecnología, cámara Gessel, cámaras de vigilancia, aplicaciones para celulares y otros que están en implementación.
Algunas construcciones fueron observadas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, que instruyó una auditoría que está en curso.
El Órgano Judicial todavía alquila casas en el país para el trabajo de jueces y funcionarios.
