Dueño de jet incautado no pedirá su devolución
A través de su abogado, el propietario del jet denunció que fue estafado con $us 70.000
DECOMISADO. La avioneta fue adjudicada al Ministerio de Gobierno y después a la DGAC. La situación del jet lujoso sigue siendo un misterio. El dueño del Super MidSize Gulfstream G III con matrícula N557JK, incautado en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz, desistirá de pelear su avión y decidió dejarlo en manos del Estado boliviano, a pesar de su costo millonario, por temor a ser detenido dentro de la acusación por delito de contrabando presentada por el Ministerio Público, a denuncia de la Aduana interior de Santa Cruz.
El extranjero Ramón Castillo Manríquez apareció como el representante legal de la Empresa Global Exec Aviation LLC en la investigación penal a cargo de la fiscal Consuelo Severiche, de Santa Cruz.
“Cuando hablé con él, me había manifestado que este problema le iba a costar grandes pérdidas económicas para él. Pero por lo menos estaba libre y existía el peligro de que lo aprehendieran. Me señaló que tenía mucho temor de venir a Bolivia porque no existía justicia ni una instancia que le pudiera garantizar su libertad. Los que le pedían dinero decían que él llegaba a Bolivia y lo aprehendían. Castillo Manríquez tomó la decisión de perder el avión. Ya no quiere saber nada de él”, manifestó Omar Durán, abogado del empresario.
El 27 de junio, la fiscal Severiche requirió a la jueza que señale día y hora de audiencia para considerar la solicitud de medida cautelar (detención preventiva), previa notificación, al imputado.
LOS ANTECEDENTES
El dueño del jet se aprestaba a llegar a Bolivia y recuperar su nave, que aterrizó en Viru Viru, el año pasado. Luego de un tiempo, según declaraciones del abogado Durán, fueron contactándose personas que se presentaron como funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Aduana Nacional que le exigían dinero para que su avión no tenga ningún problema en suelo boliviano.
“Le sonsacaron unos $us 70.000 por esta gente que le aseguraba que el avión tenía sus trámites correctos, pero al final no había sido así. Ha perdido ese dinero y el millón de dólares que cuesta la nave”, señaló Durán.
En julio, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, anunció que la nave había sido incautada por no tener ninguna autorización legal para su ingreso al país. La entidad adjudicó la nave al Ministerio de la Presidencia para que fuera utilizada por el Ejecutivo. Luego se delegó la nave a la DGAC.
El diputado Tomás Monasterio dijo que el Estado utilizó todo su aparato y el manejo sobre la justicia para apropiarse de algo que no le corresponde.
