Observan mayor restricción al acceso a información pública

El acceso a la información en las instituciones públicas del Estado, al igual que en el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Ministerio Público es cada vez más restringido, si bien hay unidades de relaciones públicas que deberían viabilizar solicitudes, en muchos casos las obstaculizan y a esto se suma que la vocería está centralizada sólo a la autoridad máxima que no tiene tiempo ni conocimiento cabal de todos los temas.

Las autoridades destacan la transparencia y la política de puertas abiertas pero a la hora de facilitar información se complican o proporcionan sólo información de su interés sin la posibilidad de preguntas de los periodistas, según las quejas permanentes de trabajadores de la prensa.

El consultor en temas judiciales, Eddie Cóndor, señaló que Bolivia es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública. Si bien desde 2001 se promovieron diversas iniciativas legislativas, desde el oficialismo y la oposición, no materializaron en ley nacional.

El Gobierno nacional tampoco priorizó este tema pese a que desde febrero de 2009 es mandato constitucional desarrollar un marco jurídico e institucional que aliente la transparencia gubernamental.

En criterio del consultor internacional, el marco jurídico vigente en esta materia es disperso, poco efectivo y nominal en el momento de luchar contra la corrupción, cuando el país debería contar con una ley específica que regule el proceso de acceso a la información de todas las instituciones públicas, entre ellas la judicial.

Cóndor admite que el tratamiento de esta ley, puede resultar incómoda para muchos sectores de poder, pero considera que es una necesidad si la apuesta es profundizar la democracia en Bolivia.

“La clave está en delimitar el alcance del derecho al acceso a la información pública, en orden a los preceptos del artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE), relativo a los derechos civiles básicos, y las normas y jurisprudencia internacional en la materia”, sostuvo.

CERTIDUMBRE AL USUARIO

En lo judicial, Eddie Cóndor sostiene que para dar certidumbre al usuario, el Órgano Judicial debería contar con un protocolo específico que, resguardando las restricciones legales que algunos procesos judiciales tienen, ofrezca y se constituya en un instrumento de lucha contra la corrupción.

Opinó que el acceso a la información judicial debe mejorar en el país, considerando que uno de los puntos de la agenda del Órgano Judicial y del TCP consiste en cómo hacer para que la idea de administración de justicia se traduzca en algo verificable por la población.

Esto ayudaría, por ejemplo, a que los procesos de acceso a la carrera judicial, seguridad laboral y remuneraciones entre otros, tengan respaldo y legitimidad social. “Se debe desterrar de toda función judicial posturas autoritarias, de viejos rituales de cerrazón, secretismo y sigilo que no tienen demasiada justificación en la actualidad y más bien mostrar una apertura democrática”, puntualizó.

Un primer punto de partida puede ser la publicidad oportuna de todas las decisiones (sentencias) judiciales de los diversos niveles funcionales del Órgano o Poder Judicial; así como de las decisiones fiscales y del Tribunal Constitucional. El acceso a esta valiosa información puede echar mano de formatos electrónicos con motores de búsqueda amigables lo que permitiría saber con cierta precisión que ante casos similares debe haber resoluciones similares. Cóndor remarcó que la mejor herramienta de lucha contra la corrupción judicial y fiscal es la transparencia.

El consejero de Comunicación e Información de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Guilherme Canela, que estuvo en Bolivia para dar el taller sobre “Acceso a la información pública y la libertad de expresión”, informó que hay muchos poderes judiciales de la región que desarrollaron procesos de justicia abierta y ponen en sus páginas web toda la información, desde los salarios de los jueces, a dónde viajan, cuánto cobran de viáticos, las sentencias que no están bajo sigilo por razones de la ley y otras informaciones.

Hay un decreto de Carlos Mesa que no se aplica en los hechos

El presidente Carlos Mesa, en 2005, promulgó el Decreto Supremo 27329 con nueve artículos en procura de la transparencia y el acceso a la información gubernamental que en los hechos no se cumplen a cabalidad.

El director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Franz Chávez sostuvo que el instrumento normativo más concreto y claro sobre transparencia y acceso a la información pública en Bolivia es el decreto del presidente Mesa, pero que no se aplica porque la ciudadanía no lo pone en práctica para beneficiarse con esta disposición y el Gobierno que está en obligación de aplicar esta norma, en lugar de generar una amplia difusión de la información que posee, la ha restringido.

Esta restricción es advertida todos los días por los periodistas que acuden a las instituciones gubernamentales pero que no reciben los datos e información solicitada. “La norma existe pero no se pone en práctica”, aseguró.

Explicó que en el caso de la información gubernamental, responde a un principio de la transparencia, que debe pasar del discurso a la práctica, incluso había un Ministerio de Transparencia, recordó.

“El acceso a información, según el decreto, debe ser amplio, salvo algunas excepciones, en su mayoría, los datos informativos que la gente requiere no están disponibles en las páginas web ni se entrega cuando se solicita", acotó.

Las instituciones del Órgano Judicial y el TCP están en proceso de consolidar páginas webs y sentar mayor presencia en redes sociales pero todavía con información poco relevante para la población.

El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, señaló que la nueva estructura judicial en construcción tomará en cuenta el garantizar el acceso a la información a partir del fortalecimiento de las unidades de comunicación que hoy están dispersas y cumpliendo otras funciones que no son de su competencia.