El Ministerio Público presentó hoy ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la proposición acusatoria formal por el caso ENFE contra Gonzalo Sánchez de Lozada y otras 18 personas, en la que se estima que hubo un daño al Estado de más de Bs 142 millones.

“Se ha presentado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia la proposición acusatoria en el marco de proceso denominado ENFE, referido a la capitalización de esta empresa durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada”, explicó el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.

El proceso tiene que ver con la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) realizada durante el Gobierno de Sánchez de Lozada, en la que se habría incumplido con la Ley de Capitalización que exige expresamente que el pago por la entidad en cuestión debe representar un incremento de capital respecto al precio referencial aprobado.

“Al haberse aceptado la propuesta de la empresa Cruz Blanca de Bs 66.122.400 bolivianos cuando debió ser 137.131.700 bolivianos (menos 71.009.300 Bs.), la diferencia no pagada en la licitación, también es el monto que dejó de invertir en la sociedad en los primeros siete años, constituyéndose este también en el fundamento del daño económico causado al Estado. Por lo que se puede estimar que el grave daño causado al Estado es de 142.018.600 bolivianos”, señala en parte la acusación formal.

Según una nota de prensa de la Fiscalía General, entre los acusados figuran: Gonzalo Sánchez de Lozada, José Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Javier Afcha de la Parra, Antonio José Araníbar Quiroga, Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Eduardo Villalobos Sanjinés, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmuz Levy e Irvin Remberto Alcaraz del Castillo por la comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

También está Cristóbal Alfonzo Revollo Tenier por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Edgar Ramiro Saravia Durnik está acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica; y Santiago Atsuro Nishizawa Takano, por resoluciones contrarias a la Constitución.

Entretanto, Jorge Fernando Harriague Urriolagoitia está acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y conducta antieconómica. También, José Isaac Ardaya Calderón fue acusado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con las funciones públicas, contratos lesivos al estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución.

Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero y Julio César Oropeza Belichner por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, contratos lesivos al estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Y, finalmente, Franklin Mejía Ríos por conducta antieconómica.