ANP exige respeto a la Ley de Imprenta

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) exige a las autoridades judiciales el respeto a la Ley de Imprenta que protege el secreto de la fuente periodística, y lamenta que un fiscal intente vulnerar una norma para conocer el origen de un documento de audio que revela el encarcelamiento irregular del médico Jhiery Fernández, por la supuesta violación a un bebé.

La organización que representa a los medios impresos y una agencia de noticias alertó a través de una nota deprensa de los frecuentes intentos de quebrantar la norma que protege el trabajo periodístico. Según sus registros, desde 2014 se observa con preocupación los intentos de afectar un principio vigente desde 1925.

El pronunciamiento se solidariza con el equipo de prensa de la red de televisión ATB que recibió la petición de la Fiscalía.

La asesora legal de la ANP, Mabel Antezana, recordó que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece en su numeral 8 que todo comunicador social tienen derecho a la reserva de sus fuentes de información. La disposición es concordante con el artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece que “El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”.

“Estos principios protegen al periodista que no puede sufrir amedrentamiento y bajo ningún argumento puede revelar la fuente de su noticia”, agregó la jurista.

Antezana afirmó que “ni siquiera ante una autoridad judicial puede revelarse la fuente informativa, puesto que se trata de una protección al derecho de información, y la protección de la vida de la persona informante”.

Los casos registrados por la ANP

En julio de 2014, los directores de los principales diarios de Bolivia se alinearon en defensa de Ley de Imprenta y expresaron su respaldo unánime a la directora del diario La Razón, Claudia Benavente, y al periodista Ricardo Aguilar, ambos procesados por la vía penal por supuestos delitos de "espionaje" y "revelación de secretos". El caso fue abierto por el entonces procurador General, Héctor Arce.

En julio de 2016, la fiscal Marlene Rocabado pidió a la directora de ATB Cochabamba, Angélica Lazarte, la revelación de los nombres de periodistas que indagaron sobre un proceso a una autoridad municipal y el levantamiento del secreto de imprenta. La periodista Lazarte rechazó tal petición.

El 26 de agosto de 2016, el periodista y Director de Radio Fedecomin, Moisés Flores, fue llamado a la fiscalía para comparecer como testigo de la muerte del viceministro de Gobierno, Rodolfo Illanes. La emisora fue clausurada por la Fiscalía y fue reabierta el 11 de noviembre de ese año, tras denuncias y pronunciamientos de la ANP y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El 2 de julio de 2018, los fiscales Sonia Zamorano, Iván Quintanilla y Gustavo Adolfo Ríos exigieron a la Dirección del diario Los Tiempos, la copia de grabaciones registradas entre el domingo 6 y el lunes 7 de mayo, sobre incidentes registrados en el mercado La Ramada de la ciudad de Santa Cruz.

En julio de 2018, la juez de Sentencia Penal de la ciudad de Cochabamba, Rosario Sáinz, conminó a la directora del diario Opinión, Leslie Lafuente, a revelar la identidad de la fuente que alertó sobre observaciones al proceso de compra de un tomógrafo para el hospital de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

En todos los casos señalados se advierte el reiterado desconocimiento al secreto de fuente periodística, y llama profundamente la atención que los administradores de justicia no protejan los derechos contenidos tanto en la Constitución como en la Ley de Imprenta, expresó la ANP.