Jueces niegan libertad de médico en caso Alexander; apelarán fallo

Luego de casi diez horas de audiencia, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz negó la solicitud de cesación de la detención del médico Jhiery Fernández condenado, a 20 años de prisión por la supuesta violación seguida de muerte del bebé Alexander; la Fiscalía pidió mantenerlo encarcelado y de nada sirvió el audio en el que la jueza Patricia Pacajes confiesa que lo condenó pese a ser inocente, menos las manifestaciones de respaldo y pedidos de libertad.

La situación del galeno estaba en manos de dos jueces que junto a la jueza Pacajes sellaron en mayo la sentencia condenatoria sin pruebas científicas de que fuera el autor del crimen contra el bebé. Esta madrugada restaron valor al audio, después de que la Fiscalía, el SEDEGES, la Gobernación y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia se opusieran a que liberaran al galeno.

La defensa del acusado anunció que seguirá la batalla en apelación, mientras que los familiares, entre lágrimas, adelantaron que acudirán a todas las instancias que sean necesarias para revertir el fallo.

Antes de que se conociera la decisión del tribunal pasadas las 2:00, policías llegaron al lugar y después resguardaron la salida de los fiscales y jueces.

El acusado llegó antes de las 15:30 a los juzgados cautelares, en medio de muestras de respaldo de familiares y varios sectores que exigían su libertad. La audiencia arrancó después de las 16:00, luego de la polémica por las restricciones a los periodistas y al Colegio Médico, que se presentó como querellante pero tuvo que abandonar la audiencia que fue declarada en reserva con la asistencia sólo de las partes.

A una semana de la revelación del audio de la jueza Pacajes, en el que admite que condenó a un inocente, ayer la Fiscalía insistió en defender su trabajo de investigación y afirmó que lo único que hace es aportar con pruebas en los procesos.

El médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) Edgar Quisbert Monzón afirmó que "la Fiscalía ha presentado la acusación, pero quien ha condenado no ha sido la Fiscalía, ha sido el juez".

Remarcó que "el juez actúa sobre la prueba aportada, y para el juez hay convicción y por ser suficiente emite la sentencia".

El ex fiscal del caso Chaparina, Miguel Ángel Ponce, en representación de la Fiscalía General del Estado, enfatizó que quienes dieron la alarma de la presunta violación del niño fueron los médicos y "lo que se ve se anota".

Explicó que la acusación fiscal se basa en al menos 13 pericias forenses, 67 testigos ofrecidos y 14 pruebas físicas; sin embargo la principal prueba es la presencia de PSA (Antígeno Prostático Específico) en la región perianal del bebé Alexander. Admitió, sin embargo, que el Ministerio Público nunca pudo establecer a quién pertenecía, aunque sirvió de base para la sentencia de 20 años.

La defensa del médico llevó a la audiencia la prueba del audio de la jueza Pacajes, que echa por tierra la acusación fiscal de violación que no tiene fundamento técnico.

Zuleika Lanza, copatrocinante del médico, junto al abogado Cristian Alanés, agregó que la propia jueza reconoció públicamente que era es su voz, por lo que “no puede venir a decir que estaba borracha o drogada”.

Ayer, quien grabó a la juzgadora, Romel Cardozo, negó haberla drogado y a su vez denunció que cerca de medianoche recibió una llamada telefónica con amenazas de muerte realizadas por un sujeto desconocido.

Las irregularidades siguieron revelándose. El especialista en medicina legal Jorge Melgarejo afirmó que la investigación realizada sobre la presunta violación y posterior muerte del bebé Alexander se basó solamente en suposiciones hasta llegar a una sentencia.

Remarcó que en ninguna de las etapas procesales del caso Alexander se logró establecer la relación causa y efecto.

 

DEMANDAS

El audio revelado siguió generando ayer anuncios de demandas y contrademandas. Uno de los que advirtió con una querella penal contra la jueza por difamación, fue el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, debido a que en la grabación lo menciona en las irregularidades del caso Alexander.

Cocarico, que cuando murió el bebé Alexander era gobernador de La Paz, aseguró que nunca presionó a nadie. “No tengo     ición para que se pueda esclarecer este hecho”, dijo.

La jueza Pacajes no se quedó atrás. Ayer inició un proceso penal contra Romel Cardozo, autor del audio y contra otras personas que participaron en la convivencia en la que reveló que condenó a un inocente.

Cardozo y Pacajes mantenían una relación sentimental, según reveló la ex jueza y abogada Verónica Juárez; Cardozo no lo negó, aunque dijo que era "irrelevante".

 

Exigen renuncia y cárcel del Fiscal General y de los jueces

La senadora oficialista Nélida Sifuentes pidió ayer públicamente, no sólo la renuncia del fiscal General, Ramiro Guerrero, y de todos quienes están involucrados por encarcelar a una persona inocente, sino una sanción de “cárcel” por este hecho “vergonzoso”.

“La renuncia no es suficiente, tienen que ir a la cárcel los que están involucrados en esto porque no puede ser pues que a gente inocente manden a la cárcel y ahora ellos con que renunciando nomás se liberen, no puede ser, tienen que ir a la cárcel por inventar, difamar, por desprestigiar al médico”, aseguró Sifuentes.

A ese pedido se sumó el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Arturo Yáñez quien aseguró que “lo menos que puede hacer (Guerrero) es renunciar” a su cargo, pero consideró que no lo hará porque tiene protección de altos niveles de Gobierno.

La asambleísta departamental Sandra Siñani (MAS) también reprochó la actuación de la jueza Pacajes que condenó a una persona inocente “y ahora quiere lavarse las manos alegando que la han dopado y no estaba en sus cabales, y si no estaba en sus cabales creo que Gregorio Pacheco en Sucre lo tendrá bien recibida”, recalcó.

El consultor internacional en reforma judicial, Eddie Cóndor, sostuvo que en el caso del bebé Alexander hay incumplimiento de parte de la Fiscalía en la investigación y del Órgano Judicial al momento del juicio y al emitir sentencia; lo que acarrea responsabilidad del Estado boliviano por no haber actuado con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.

Recomendó reparar el daño causado al médico recluido injustamente, por ejemplo, con su inmediata libertad. También recomendó revisar otros casos emblemáticos de sentencias injustas, de los que la prensa da cuenta; considerando que la libertad de expresión y la independencia judicial son dos caras de una misma moneda: un país democrático.