Guerrero cierra una gestión con más críticas

En dos semanas, el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, cumple su periodo de seis años de gestión en medio de cuestionamientos al Ministerio Público, porque afirman sus críticos, se convirtió en un instrumento de persecución; muchos casos están en la impunidad y el polémico proceso del bebé Alexander terminó de enlodar la institucionalidad.

Cuando Guerrero asumió el cargo, en octubre de 2012, como punto de partida prometió la institucionalización de los cargos empezando por los fiscales departamentales, pero no ocurrió se mantuvieron los interinatos.

Tampoco funcionó la Escuela de Fiscales que en los últimos seis años tuvo una sola promoción. En criterio del ex fiscal General, Pedro Gareca, en los últimos años se “destruyó” la Escuela de Fiscales, subestimaron el plan académico curricular y la formación ética, y ahora no hay fiscales que garanticen una verdadera defensa de la sociedad, sólo excepciones; a ello se suman los cambios constantes, más denuncias de corrupción y el régimen disciplinario no funciona y la transparencia sólo quedó en el discurso.

Gareca dijo que hay varios hechos que están en la impunidad sin esclarecimiento como Fondioc, La Calancha, asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, Chaparina, terrorismo, corrupción en YPFB, y muchos en los que están implicados miembros del MAS.

Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, su vicepresidente Edgar Salazar, aseguró que la gestión del fiscal Guerrero se vio manchada por la actuación de algunos fiscales como en el caso del bebé Alexander, en el que acusaron a una persona sin tener la convicción de que es el autor del hecho.

“Eso ha enlodado la gestión del Fiscal General”, aseguró.

El activista dijo que el próximo fiscal tiene que comenzar con la institucionalización de fiscales en el país y, obviamente, lavar la imagen deteriorada del Ministerio Público.

Respecto a la paralización de algunos casos pendientes de investigación, Salazar dijo que muchos se politizaron y que la Fiscalía impulsó con celeridad los procesos contra algunos dirigentes políticos y en otros, donde había violación de derechos humanos, quedaron “adormecidos”.

El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Arturo Yáñez, acotó que en muchos casos no es que el Ministerio Público cometió un “error” sino que fue utilizado junto al sistema judicial para “vengarse” de las personas opositoras, y el tercero imparcial que es el Órgano Judicial, que debería poner límites al ejercicio del poder arbitrario no cumple con su rol.

Finalmente, el consultor internacional en reforma judicial, Eddie Cóndor, coincidió con la opinión pública y los estudiosos de la realidad judicial, que aseguran que el Ministerio Público es la institución con mayores críticas y menos confianza actualmente en Bolivia.

El mayor problema que tiene es su falta de institucionalidad, considerando que los nueve fiscales distritales ejercen sus funciones interinamente desde hace más de seis años; todos dependen del Fiscal General del Estado.

Tampoco es una institución transparente y en esa medida no existe información de lo que hace su Escuela de Fiscales y de la modalidad de incorporación de los fiscales al Ministerio Público, sostuvo.