La Procuraduría General del Estado entregó a los abogados del sector público el dictamen general que les recuerda que en todos los procesos judiciales están en la obligación de solicitar la anotación de bienes patrimoniales de los procesados como medida cautelar tendiente a la reparación del daño al Estado en caso de que la justicia falle en ese sentido.

El director departamental de la Procuraduría en Chuquisaca, Lucio Valda, informó que en muchos casos, los abogados ganaban la demanda y en ejecución de sentencia no logran recuperar el daño en diez y 15 años por no haber solicitado medidas cautelares que otorguen eficacia a los fallos.