Caso Orbisat: Imputan a ex ministro de Rodríguez

El ex ministro de Defensa Gonzalo Méndez y otros seis ex funcionarios del gobierno del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, entre ellos el ex comandante del Ejército, Gonzalo Antezana, fueron imputados ayer en el caso denominado Orbisat por la adquisición supuestamente ilegal de un sistema de radar para el levantamiento de datos geográficos en la frontera Bolivia, Brasil y Perú en 2005, con un daño económico de $us 22 millones.

En este caso no hay ningún presidente enjuiciado, pero la Fiscalía General decidió aplicar una disposición transitoria que le permitiría procesar a estas personas con la ley 2445 que sí incluía a los ministros de Estado dentro de los juicios de privilegio, explicó ayer el fiscal superior José Manuel Gutiérrez. En cambio la Ley 044 permite el juicio de responsabilidades sólo para el Presidente y Vicepresidente del Estado.

En un posible juicio, la Fiscalía tampoco contaría con la presencia del ex ministro Méndez que está siendo juzgado en rebeldía y cuyo paradero se desconoce, posiblemente se encuentre en Estados Unidos, pero tampoco tienen la ubicación exacta para iniciar la notificación y búsqueda a través de la INTERPOL. En caso de conocer de su paradero la Fiscalía tramitará su extradición.

Gutiérrez dijo que la imputación fue presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Dos de los ahora imputados, Méndez y Antezana, ya fueron condenados por un tribunal a tres años de cárcel en agosto de 2017 por el caso Misiles chinos. El primero fue sentenciado en rebeldía y el segundo se acogió a la suspensión condicional de la pena.

En este caso, Méndez fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. En noviembre de 2017, la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizó el juicio de responsabilidades.

También fueron imputados Gonzalo Antezana, ex comandante del Ejército, ex senador opositor, al igual que el ex asesor del Ministerio de Defensa Raúl Córdova Cardozo; el ex comandante del Instituto Geográfico Militar (IGM), Raúl Virreyra; y los ex funcionarios del IGM Raúl Virreyra Montero y Diego Nelson Salas Bohórquez.

Otros dos imputados son Johnny Wilber Prada Uribe y Andrés Vicente Baldivia Calderón de la Barca.

Según el Ministerio Público, se cometieron varias ilegalidades en la suscripción del "Contrato por Excepción" de Servicios Generales de Mapeo de 90.000 kilómetros cuadrados con tecnología de radar en las fronteras Bolivia, Brasil y Perú, además de las principales ciudades bolivianas.