
IMPUTACIÓN
La Fiscalía afirmó que no se hizo la adquisición de los radares y tampoco se pagó los $us 22 millones hechos por los que fueron imputados siete personas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no pudo resolver ayer la solicitud del Ministerio Público de aplicar medidas sustitutivas a la detención preventiva para siete personas imputadas dentro del caso Orbisat, debido a que las mismas plantearon incidentes que observan la imputación y tienen que ser resueltos previamente, por lo que la audiencia quedó en suspenso.
El Ministerio Público, imputó al ex ministro de Defensa, Gonzalo Méndez (en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé), al ex comandante del Ejército, Marcelo Antezana y otros por la supuesta adquisición ilegal de radares para el levantamiento de datos geográficos en la frontera boliviana con Brasil y Perú a un precio de $us 22 millones.
Sin embargo, no se hizo la adquisición de dichos radares y tampoco se pagó los $us 22 millones, aclaró ayer el fiscal Superior, José Manuel Gutiérrez, quien dijo que la supuesta comisión de delitos se dilucidará en el juicio.
La audiencia se instaló a las 15:45 en el Salón de Debates del TSJ, a cargo del presidente de la Sala Penal, Olvis Egüez, y la presencia de los imputados, el fiscal General, Juan Lanchipa, y dos fiscales superiores.
Egüez dijo que el proceso es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y otros, contra Gonzalo Méndez (declarado rebelde); los generales Marcelo Antezana y Raúl Virreira; ex abogados del Ministerio de Defensa, Nelson Salas Bohórquez, Raúl Córdoba Cardozo, Andrés Valdivia Calderón; y el representante de la empresa brasileña en Bolivia, Jhonny Wilber Prada Uribe.
En la audiencia se conoció la existencia de cuatro incidentes de previo y especial pronunciamiento por lo que Egüez dijo que se suspende la audiencia para que la Sala resuelva dichos incidentes en una nueva audiencia que será fijada y continuar después con la audiencia cautelar.
El general Marcelo Antezana reiteró su denuncia de que este caso “no deja de ser político” y dijo que desconoce si se adquirió los radares y se pagó los $us 22 millones, “yo nada tenía que ver”, aseguró.
“El ex fiscal (Ramiro) Guerrero sabrá por qué nos imputó antes de irse. Estoy seguro que esto va a salir adelante y se van a aclarar las cosas, cuando uno nada tiene, nada teme y cuando tiene a Dios de su parte con mayor razón”, enfatizó.
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